El reclamo de distintas organizaciones provinciales, entre las que se encuentran Todos por Nuestros Arroyos, la Asamblea Paravachasca, y las y los vecinos de Dique Chico contra las fumigaciones, viene dando batalla en el Poder Judicial.
Organizaciones reclamaron ante el Poder Judicial cordobés por el centenar de causas ambientales frenadas.
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“Se calculan más de 140 causas ambientales sin resolver”, explicó en diálogo con Radio Tortuga 92.9 Mariana Baldauf, integrante de la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba.
El dato surge a raíz de un relevamiento propio.
Baldauf aseguró que el tema es “bastante complejo” porque se retrotrae a muchos años atrás.
Consideró que hay un “ninguneo” y no por un tema burocrático, sino por “falta de voluntad”.
“Las prioridades están puestas en favorecer emprendimientos económicos u obras públicas, que en lugar de ser para las vecinas y vecinos como nos dicen, son en realidad parte de un sistema extractivista”, aseveró.
Reclamo al Poder Judicial cordobés
El pasado 28 de julio, en Tribunales provinciales vecinas y vecinos de distintas asambleas se movilizaron para exigir “urgente atención y resolución justa” de las causas ambientales.
Baldauf también recalcó que “estamos en una emergencia socio ambiental sin precedentes en Córdoba”.
En ese marco, contó que buscan visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía, donde entendió que hay poco margen para reflexionar frente a los “vericuetos” que imponen.
“Es nuestra memoria, es la memoria de nuestros antepasados”, manifestó.
“Es un daño irreversible si esto no se puede proteger”, insistió, y cuestionó al Poder Judicial de la Provincia por la lentitud de acción frente a las acciones ciudadanas que pretenden defender los recursos naturales cordobeses.
Frente a esto, es que se decidió acudir a una instancia nacional.
Reunión
Finalmente, durante la semana pasada tras la movilización, las y los manifestantes se encontraron con funcionarios judiciales.
“La palabra recibir es muy amable”, consideró Baldauf, que admitió que “nos metimos al Palacio” para incomodar y exigir que se movilicen las causas o amparos ambientales.
“La Ley es muy buena y es muy clara. Dice que ante un amparo o un pedido así, todo debe quedar en suspenso. Eso dice el principio precautorio”, planteó.
En otro orden, Mariana denunció que las y los militantes ambientales son golpeados en cada manifestación con un aval institucional, y que este tema también fue parte del reclamo.
Por último, destacó el proceso de unidad que se viene dando entre todas las organizaciones.
