Este miércoles 11 de febrero, la Cámara de Senadores empezará a debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En simultáneo y pese a que la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no convocar a un paro nacional, diversos gremios se movilizarán con diversas actividades en Córdoba y el resto del país para expresar su rechazo a la iniciativa que apunta a modificar la relación entre las y los trabajadores y las patronales, y restringir derechos conquistados, en pos de una prometida mayor regularización laboral.
Puntos destacados
Uno de los puntos más polémicos del proyecto tiene que ver con el llamado «banco de horas», que reemplazaría a las «horas extra» actuales y les permitiría a las patronales modificar las cargas horarias de algunas jornadas, pudiendo extenderlas hasta las 12 horas, con la promesa de compensar lo trabajado de más en otros días. En estos casos, si bien se indica que esto sólo se concretará si hay acuerdo entre ambas partes, por la asimetría natural que hay entre patronales y trabajadores, se advierte con preocupación que podría haber imposiciones de modificaciones de horarios que complicarían las organizaciones de tiempo familiares.
En cuanto a las indemnizaciones, entidades gremiales alertan que no se tendrán en cuenta las vacaciones, el aguinaldo y los premios a la hora de calcular los montos que deberán cobrar las y los trabajadores despedidos, y que se podría pagar en cuotas.
También está previsto que con la flamante norma que impulsa el Gobierno, se pueda pagar la totalidad del salario con bienes o servicios (algo que recuerda a los «Ticket Canasta» que supieron existir en los años ’90).
Otro de los puntos críticos del proyecto, que retoma una de las iniciativas primeras que pretendió imponer el Gobierno en la discusión de la Ley Bases y la batería de DNU que lanzó a la vida política del país; tiene que ver con el intento de limitar el derecho a huelga, declarando esenciales una amplia gama de tareas productivas. De esta manera, se pone un límite a la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pueden plegarse a las actividades sindicales de protesta. A tal punto que las acciones sindicales podrán ser consideradas infracciones muy graves, impactando incluso en los salarios.
En cuanto a las vacaciones, se podrían fraccionar en tramos de no menos de siete días, que podrían distribuirse a lo largo del año (según la conveniencia de las patronales), fuera del período legal (que actualmente es del 1° de octubre al 30 de abril). En este caso, nuevamente se subraya oficialmente que esto ocurriría a partir de un acuerdo entre las partes, pretendiendo desconocer la asimetría natural entre los empleadores y los trabajadores.
Pese a que se presenta la norma como una «modernización laboral» que actualice la ley a las nuevas formas de trabajo que existen en la actualidad, en el caso las empresas de plataformas digitales, como Uber (Didi o Cabify) y Rappi (o Pedidos Ya), la nueva Ley no les obligaría a proveer elementos de seguridad a sus trabajadores ni les impondría la obligación de pagarles a sus trabajadores en caso de accidentes que les imposibiliten trabajar; ya que no contemplarían que entre ambos existe una relación laboral, sino un acuerdo de partes.
La norma que impulsa el Gobierno también pretende eliminar regímenes especiales y estatutos particulares que han alcanzado diversos sectores laborales, en virtud de la naturaleza de sus tareas y sostenidos reclamos gremiales; que han derivado en beneficios como jornadas reducidas o mejores indemnizaciones.
Gremios a la calle
En un plenario federal de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro de 24 horas con movilización al Congreso que había convocado para este miércoles 11 de febrero, con el fin de exigir a los senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. En este marco, el secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores «a parar igual», subrayando que «tienen cobertura legal para hacerlo».
«Hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga», señaló el dirigente estatal.
En la ciudad de Córdoba, los gremios enrolados en la CGT concentrarán este miércoles 11 de febrero, a las 11, en la Casa Histórica ubicada en Avenida Vélez Sarsfield 137 de la capital provincial.
En tanto, desde las dos vertientes cordobesas de la CTA convocaron a un paro con volanteada que desarrollarán desde las 10 en dos plazas de la ciudad de Córdoba: Plaza Vélez Sarsfield (frente al Patio Olmos) y Plaza San Martín. La convocatoria subraya que la reforma laboral «no crea empleo, precariza el que ya existe; facilita el despido sin causa: pasa a ser gratis; limita el derecho a huelga; y destruye la organización sindical».
Cabe recordar que el 5 de febrero pasado, el flamante Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a entidades gremiales de la CGT y las dos vertientes de la CTA, como ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todo el país; se movilizó en la ciudad de Córdoba para exhortar a los senadores de la provincia a que rechacen la iniciativa del Gobierno y este martes 10 hacen lo propio en Rosario.
Fuentes: Página/12 y entidades gremiales
