En el marco de la resolución aprobada que limita la utilización de agroquímicos en su ejido, que suscitó un importante apoyo de la población y la resistencia de algunos productores agropecuarios; la Comuna de Dique Chico pidió a universidades que realicen nuevos estudios socio-ambientales para evaluar el grado de contaminación que sufre la población. En diálogo con Radio Tortuga 102.7, el médico Medardo Ávila Vázquez, especialista en la materia, destacó esta medida.
Dique Chico es una comunidad pequeña, ubicada al este de Anisacate, rodeada de campos que son sometidos a una intensa fumigación cada año. La Comuna, con la participación tenaz de un grupo de vecinos autoconvocados, logró dictar en diciembre de 2017 una resolución que delimitaba una zona de resguardo ambiental. Sin embargo, semanas después la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de Córdoba, dio lugar a un amparo presentado por los productores dueños de esos campos, lo que les permitió seguir con la aplicación de agrotóxicos, no sólo pegado al pueblo, sino también a metros de la Escuela Bernardo de Monteagudo de Bajo Chico, donde concurren niños de la zona.
En febrero los vecinos presentaron un estudio de genotoxicidad, realizado por investigadores del Conicet y la Universidad de Río IV a once niños de Dique Chico. Dicho estudio determinó que el 100 % de los casos presentaban lesiones en las cadenas de ADN.
En la mencionada entrevista con Radio Tortuga 102.7, el Medardo Ávila Vázquez aseguró que “en Dique Chico hay un conflicto muy grave, porque es un pueblito que está al borde del río Anisacate de un lado y del otro lado, el pueblo está rodeado por campos donde se siembra soja y se fumiga sistemáticamente. El problema es que se ha dictado una medida prohibiendo las fumigaciones, pero de forma realmente increíble la justicia respondió a un amparo de los productores sojeros de la zona, autorizándolos a fumigar sin ningún tipo de restricción. En ese marco nosotros estamos haciendo una evaluación de la situación de la salud de la población, a pedido de la comuna y del grupo de Vecinos Autoconvocados que va a complementar un estudio de genotoxicidad. Este es un estudio que ya se hizo en niños de la escuela de Dique Chico, en todos los casos tenían lesiones de genotoxicidad. Estas lesiones significan que la estructura genética, que el ADN, de las células de estos niños están rotas, están disgregadas. Las cadenas de ADN tienen lesiones que se pueden observar en una técnica bioquímica que llevó adelante un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad de Río Cuarto. Generalmente esas lesiones responden o se generan por las acciones de agroquímicos como el glifosato».
Nuevo estudio
“Nosotros lo que estamos haciendo es un relevamiento de todas las casas y una encuesta sobre las enfermedades que tienen las personas. También estamos haciendo un análisis del ambiente, del pueblo, ver si hay antenas de celulares, si hay contaminación, con la basura o el agua. O sea, ver otros factores, no solamente tomar la hipótesis de los agrotóxicos como el único factor de contaminación, puede haber otros elementos que pueden que estén mal manejados y que estén produciendo un riesgo para la población. Entonces el estudio es un poco verificar cual es el estado de salud de la población y cuál es la situación ambiental del lugar. Sumado a los estudios de genotoxicidad. Creo que con esta información la Comuna va a poder llevar más argumentos a los jueces, que a pesar de todas las pruebas que hay todavía posibilitan que los sojeros sigan utilizando enormes cantidades de pesticidas cerca de donde viven las personas. Realmente nos preocupa, porque pone en riesgo la salud de la gente beneficiando un negocio que solo produce ganancias económicas a un grupo de personas muy reducido”, afirmó Ávila Vázquez. Y amplió: “Ésta es la primera vez que tenemos que ir de atrás, digamos, generalmente hemos hecho estudios en otros pueblos, entre ellos Monte Maíz, que es el estudio más profundo en un pueblo agrícola en Argentina, y después de estos estudios se dictaron las ordenanzas que protegen a la población. En el Caso de Dique Chico, la situación era similar a Monte Maíz y entonces se dictó antes la ordenanza que el estudio, pero de forma increíble la justicia cree que es más importante el derecho al comercio y a los negocios de este grupo de sojeros, que el derecho a la salud de las personas. A nosotros nos preocupa porque hay muchas pruebas sobre el riesgo que corren las personas que viven en Dique Chico y en particular los niños, sin embargo la justicia las descarta, o sea parece que hay una decisión tomada por parte de esa cámara, en el sentido de beneficiar a los productores; es una cámara de un juzgado donde habitualmente los fallos benefician al estado provincial o al estado municipal, quiero decir que son cámaras del fuero administrativo que están muy vinculadas al gobierno, eso es lo que nos preocupa. No están valorando las pruebas, los datos, los riesgos que corre la población, sino que ya tienen como un preconcepto y están decididos a avalar la fumigación y los negocios del agro”.
Nuevos Datos, más argumentos
El especialista describió que “lo que sigue es la parte de procesar todos los datos y sacar las tasas y comprarlas con tasas de enfermedades normales o habituales de la población de la ciudad de Córdoba o de la provincia, o de la nación. Nos falta también terminar la toma de muestras de matrices de agua y de suelo, en esta época ya se han tomado pero también las vamos a tomar en épocas de fumigación. Junio, julio y agosto, es una época donde la aplicación de agrotóxicos es muy baja por el frío, entonces no hay tanta necesidad agronómica de hacer aplicaciones, sí aumentan mucho en septiembre, octubre y noviembre que son los meses de mayor riesgo para la población. Entonces en esa época vamos a volver a tomar muestras y vamos trabajar con esos datos. Esperamos para fin de año tener suficientes elementos nuevos como para aportar a la solución de este conflicto”.
