En una extensa sesión, que en medio de duras discusiones inició al mediodía del miércoles 6 de agosto y culminó en la madrugada del jueves, la oposición logró darle media sanción a la Ley de Presupuesto Universitario, a la emergencia de la salud pediátrica, en particular orientada al sostenimiento del Hospital Garrahan y a la derogación de los decretos de necesidad y urgencia que le brindaban al presidente Javier Milei facultades para atacar la autonomía del INTA, el INTI, la Conabip y el Instituto Nacional del Teatro, entre otros ámbitos de histórica autarquía. Estas aprobaciones requieren la media sanción del Senado para convertirse en Ley.
El primer debate fue el de la Ley de Presupuesto Universitario, que en la tarde logró su media sanción con un resultado contundente: 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones. La norma aprobada contempla un incremento en el financiamiento para las casas de altos estudios, cuyos presupuestos mínimos vienen perdiendo con la inflación, y una recomposición salarial docente que, según expresan los gremios, acumula una pérdida superior al 40% de su poder adquisitivo.
En cuanto a la Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, se impusieron los discursos que alertaron, como en el caso de Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, que “la situación del Hospital Garrahan es de crisis” y que está en peligro su continuidad; lo que “pone en riesgo la salud de los niños de la Argentina”. Los representantes del oficialismo en la Cámara Baja se defendieron con acusaciones ad hominem y apelando a la muletilla del “equilibrio fiscal”. La iniciativa obtuvo 159 votos afirmativos, 67 negativos y cuatro abstenciones. El resultado es particularmente importante, porque se lograron más de dos tercios de los votos, claves en caso de que, tras la sanción definitiva en el Senado, el presidente Javier Milei quisiera vetar la Ley.
Finalmente, con resultados más o menos holgados, la oposición también logró derogar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25 que, respectivamente, buscaban horadar la autonomía de diversas instituciones autárquicas, para ubicarlas bajo la órbita directa del Ejecutivo Nacional, modificarles el sentido de su existencia o modificar de manera sensible importantes conquistas en materia de derechos laborales.
Cabe recordar que entre los entes atacados por estos decretos estaban la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Uno de los decretos, en particular, disponía una recalificación de las actividades productivas esenciales, para atacar el derecho a la protesta.
