La organización Santa María Sin Basura emitió un comunicado a través del cual repudia la Resolución dictada el 4 de agosto pasado por el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, que dispuso «revocar el requerimiento fiscal de citación a juicio» por prescripción contra María del Milagro Aráoz Ferrer y César Ernesto Ripsky por «contaminación ambiental culposa por residuos peligrosos», a raíz del desborde en la planta Taym sobre la Ruta 36 en 2017. Califican la medida como «un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano».
En el texto, la organización recuerda que «el fiscal Alejandro Peralta Ottonello había elevado la causa a juicio con dos imputados: César Ernesto Ripsky y María del Milagro Aráos Ferrer, Gerente y Jefa técnica de la Planta Taym del grupo Roggio, por encontrarlos culpables del delito de contaminación con residuos peligrosos ocurrido el 28 de marzo de 2017».
Asimismo, destacan que el mismo juez Claudio Lasso «describe una situación espeluznante: En la Planta de Taym auditorías previas a la inundación describieron graves y enormes irregularidades: materiales peligrosos arrojados a las celdas sin tratar, materiales peligrosos no autorizados a ser tratados en la planta acopiados en enormes cantidades, lagunas de lixiviados colmatadas, materiales peligrosos ubicados en lugares no autorizados, construcciones nuevas que no tenían licencia de la Secretaría de Ambiente, donde se operaba con materiales peligrosos; instalaciones que, además, fueron construidas invadiendo la zona de exclusión, lo que hacían prever la salida de materiales peligrosos fuera de la planta».
También refieren que peritos oficiales «señalaron las pésimas condiciones de los taludes perimetrales que debían evitar la entrada de escorrentías o salida de elementos contaminantes de la planta. Taludes que tenían varias interrupciones o ‘cortes’ por lo que resultaban totalmente ineficientes».
El comunicado de Santa María Sin Basura sigue citando la Resolución de Claudio Lasso al detallar textualmente que «la pericia interdisciplinaria especificó y aclaró que incluso para crecidas producidas por una lluvia con tiempo de recurrencia de 100 años, la estructura que había en la planta el día 28 de marzo de 2017 habría sido sobrepasada” y que «tales situaciones de vulnerabilidad no fueron corregidas por los responsables imputados de la empresa Taym”.
«En épocas electorales a nadie escapa que la orden de archivar esta causa viene de arriba», sentencia el comunicado, advirtiendo que «seguramente Roggio pondrá dinero para la campaña -como siempre- y sus benefactores en el poder político le sacarán esta causa de encima, aunque el propio gobernador Schiaretti haya declarado que ‘caería todo el peso de la ley’ sobre los responsables de este desastre ambiental».
Esgrimen que «en Córdoba no existe la justicia» y que «omite el juez decir que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado allá por el año 2000, advertía que el predio dónde Roggio pretendía construir su planta estaba atravesado por un paleocauce con pendiente Oeste-Este. Lo que claramente preveía que el lugar era inundable ante precipitaciones». En ese marco, responsabilizan a la Agencia Córdoba Ambiente y al ministro de Servicios Públicos, Fabián López, por las autorizaciones brindadas. «¿Por qué el ministro López y los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) no han sido investigados en esta causa?», pregunta incisivamente la organización en el comunicado.
«Sin justicia no hay República, no hay Democracia ni Derechos. Sin justicia ambiental nuestra vida y la vida de las futuras generaciones está claramente en peligro», finaliza el comunicado, que adelanta que la organización sostendrá la lucha «hasta que haya justicia verdadera».
Comunicado completo de Santa María Sin Basura:
