Integrantes de la Asamblea de Mujeres de Paravachasca, junto a las demás organizaciones feministas de la ciudad de Alta Gracia, presentaron en el concejo deliberante la adhesión municipal a la ley nacional Micaela; La misma establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos.
En horas de la mañana diferentes organizaciones feministas de nuestra ciudad presentaron ante el consejo deliberante la adhesión municipal del la Ley Micaela, Esta ley aprobada en 2018, estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de capacitar a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
En el comunicado que las organizaciones hicieron circular, manifestaban:
«Confiamos en que el Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia, en consonancia con el posicionamiento político a nivel provincial, aprobará por unanimidad la Ordenanza que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género para aquellas personas que integran los poderes del Estado, ya que supone un importante y necesario primer paso, para avanzar en la prevención de la violencia de género. Entendemos que la adhesión del gobierno municipal de Alta Gracia a la Ley Micaela es parte de su tarea para dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer»
Ley Micaela ¿Que implica?
Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Cabe destacar que esta ley se aprobó en 2018, luego del femicidio de Micaela García, militante activa del Ni una Menos y de la organización «Evita».
Fuente: Página 12
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