Según un comunicado emitido por la Asamblea Paravachasca, el pasado miércoles 25 de Noviembre Policía Ambiental de la provincia habría clausurado un campo ubicado en el ejido de la La Paisanita. El propietario del campo es el Secretario General y de Ambiente de Alta Gracia, Roberto Urreta, quien habría incurrido en un desmonte ilegal en una zona de alta conservación.
La Asamblea Paravachasca que nuclea a diversas organizaciones que trabajan en temas ambientales emitió un comunicado por un supuesto desmonte ilegal que habría tenido lugar en el ejido de la comuna «La Paisanita», más precisamente, en la zona conocida como «La Isla».
Según afirmaron, el campo en cuestión pertenece a una zona tipificada como «Categoría Roja», es decir, de máximo valor de conservación, y caracterizaron el hecho como «doblemente grave», al considerar que «el aparente responsable es un funcionario público encargado (…) de velar por la protección, conservación y restauración de nuestros bienes comunes».
Consultado por este medio, Roberto Urreta negó haber incurrido en un «desmonte ilegal» y afirmó que «solamente se sacaron, con autorización, acacias negras» para luego avanzar en plantación de nogales, afirmando además que no se realizó acta por este supuesto hecho.
Por su parte, y a la espera de que avance la investigación correspondiente, desde la Asamblea Paravachasca consideraron trascendente la función pública desempeñada por Urreta en la Municipalidad de Alta Gracia: «Cabe preguntarse entonces si el funcionario de ambiente hubiese desmontado violando las normativas establecidas al respecto ¿qué decisiones y acciones se llevan a cabo desde el área de ambiente de la ciudad de Alta Gracia, cabecera departamental?
A continuación, el comunicado completo:
Funcionario de Ambiente de Alta Gracia desmonta Bosque Nativo
El miércoles 25 de noviembre, Policía Ambiental realizó una clausura en un campo perteneciente al Secretario General y de Ambiente de la Municipalidad de Alta Gracia, Roberto Urreta, que se encuentra ubicado en La Isla, dentro del ejido de la Comuna de La Paisanita.
Consideramos que el hecho es doblemente grave, debido a que, no solamente se llevó adelante un desmonte en una zona que correspondería a Categoría Roja; sino que además el aparente responsable es un funcionario público encargado, nada más y nada menos, que de velar por la protección, conservación y restauración de nuestros bienes comunes, especialmente luego de que el Valle de Paravachasca sufriera, en los últimos meses de este año, una de las mayores pérdidas de biodiversidad de su historia, con terribles consecuencias socio-ambientales.
De acuerdo al mapa elaborado por el equipo técnico de esta asamblea – adjunto a esta-, puede observarse que corresponden a Zonas de categoría roja, es decir, de alto valor de conservación que no deben transformarse, y para las cuales, tanto la ley nacional 26331 LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS, como la ley provincial 9814 LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA , prohíben expresamente cualquier cambio de uso de suelo y desmontes.
Además, atendiendo a lo que se informa desde distintos medios, es por lo menos llamativo que el jefe comunal de La Paisanita, Ignacio Sala, haya autorizado llevar adelante la sustracción de vegetación “exótica” en esta área, que habría sido solicitada por Urreta. Sería conveniente y esperamos explicaciones públicas, por parte de la comuna de La Paisanita, sobre cuáles fueron los controles que realizaron para corroborar, por un lado, sobre las especies que iban a ser sustraídas; por otro lado, si se solicitaron las autorizaciones correspondientes de Ambiente de la provincia -autoridad de aplicación, encargada de solicitar el estudio de impacto ambiental para cualquier intervención sobre estos territorios-, para informarse a qué categoría de suelo pertenece esta zona.
Siguiendo lo acontecido en relación a la clausura realizada por policía ambiental, dentro de lo que establece el marco legal en materia ambiental, consideramos fundamental que sea de público conocimiento el estado de situación de dicha infracción, tanto por la gravedad del asunto, como por el presunto responsable de los hechos.
La ley provincial 9814, es clara al respecto. Por una parte, prevé que el infractor deberá remediar el daño ambiental causado reforestando con especies nativas, de acuerdo a lo que imponga la Autoridad de Aplicación, quien además puede clausurar el área afectada para su regeneración natural y su consecuente restauración (Art. 48). Por otra parte, establece que el infractor ingresará al Registro Provincial de Infractores, administrado por la Autoridad de Aplicación que debe estar actualizado en forma permanente y será de acceso público (Art. 53).
Por último, cabe preguntarse entonces si el funcionario de ambiente hubiese desmontado violando las normativas establecidas al respecto ¿qué decisiones y acciones se llevan a cabo desde el área de ambiente de la ciudad de Alta Gracia, cabecera departamental?
Si tenemos en cuenta que en estos espacios de gestión se encuentran, precisamente, los responsables de la protección del ambiente y es desde donde se generan políticas públicas que promueven su preservación, conservación y restauración, como también el efectivo cumplimiento de lo que establecen -de manera clara y contundente- las leyes ambientales, es al menos paradójica, la continuidad en su cargo.
Asamblea Paravachasca
¡Todo desmonte es político!
¡Qué se cumpla la ley de bosque!
¡El monte no se toca!
¡Somos monte!
¡Paremos el Ecocidio!
¡Los gobiernos son responsables!
FOTO: Mapa de Zonas de Conservación. Asamblea Paravachasca.
