En su columna quincenal «Derecho al Delirio» en el programa #TTT «Tarde para Tirar la Toalla» de la Radio Tortuga 92.9, la abogada Mariana Villarreal se refirió al derecho a la sindicalización de las trabajadoras y trabajadores de las fuerzas de seguridad, a la luz de la preocupación que generan social y políticamente sus reclamos inorgánicos.
«Siempre nos agarra la urgencia, la emergencia, la preocupación. Y una vez que pasó (el reclamo), volvemos como si nada hasta que estos conflictos vuelven a estallar nuevamente», advierte Villarreal, quien apela al Derecho para brindar algunas puntas a este debate.
«Es una competencia delegada por la Constitución a las provincias, que pueden organizar sus propias fuerzas. Esta organización se tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. El artículo 14 bis le reconoce el derecho a todos los trabajadores a sindicalizarse. Los tratados internacionales que suscribió Argentina y que tienen jerarquía institucional, también reconocen este derecho pero les autorizan a los Estados a restringir este derecho en el caso de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. O sea, no es que lo prohíbe, autoriza a los Estados a que puedan establecer ciertas restricciones o limitaciones en estos casos», apunta, aclarando que «lo que establecen los tratados es un piso de Derechos Humanos, no es un techo».
«En Argentina, el acceso a la sindicalización de las fuerzas policiales está obstaculizado por el poder político, argumentando que es un servicio esencial, que tiene una matriz militarizada que sería incompatible con un sindicato, que esta organización vertical es esencial para el orden interno de la fuerza; y que entonces no podrían cumplir su función si se les autorizara algún tipo de representación sindical«, agrega.
Cuenta que esto se ha sostenido históricamente así en todas las provincias y que si bien en algunos lugares, emergieron algunas propuestas alternativas, acabaron no prosperando. «Además de estas barreras legales y políticas, hay lo que dice Mariana Lorenz, ‘limitaciones subjetivas’ por parte del mismo cuerpo policial porque los policías, por su formación y la forma en que se estructura su profesión, no trabajan de policías; son policías. Así se forman y se ven a los sindicatos como fuente de corrupción y no se identifican con los trabajadores que reprimen cuando protestan por los derechos laborales», introduce Villarreal, complejizando aún más el debate.
Analiza que «el malestar existe porque hay situaciones de violencia dentro de una estructura tan jerárquica» y porque «tienen derechos conculcados en relación al salario». Y grafica que «la policía que protestó en Buenos Aires (recientemente) perdió un 33 por ciento del poder adquisitivo durante los años del macrismo, sumado a que durante la cuarentena tampoco podían hacer adicionales, que es la forma de llegar a fin de mes».
Para Mariana Villarreal, «cuando se rompen estas barreras jurídicas y subjetivas, es porque el malestar ya es grave y no hay mecanismos para canalizarlo». Entonces los reclamos se manifiestan de formas descoordinadas y con herramientas propias de la cultura policial «porque no tienen canales institucionales para canalizar estos reclamos, ya que cuando reclaman dentro de la fuerza, reciben sanciones». Y remite a lo ocurrido en Córdoba el 3 y 4 de diciembre de 2013 para tomar nota de esto.
En lo estrictamente jurídico, cuenta la abogada y columnista que hay un planteo surgido en 2008 en pos de la sindicalización de las trabajadoras y trabajadores del servicio penitenciario, que tuvo un fallo favorable en primera instancia, pero que fue recurrido hasta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, con fallo dividido, no se le dio lugar. Actualmente se halla en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Villarreal reconoce que «no es un debate que despierta simpatía entre los mismos organismos de Derechos Humanos». Que, además, «los trabajadores se distinguen de la policía y eso es una situación problemática, porque si queremos una policía democrática, que defienda los derechos humanos, tenemos que reconocer los derechos humanos de la policía«. Reconoce que es comprensible la resistencia de algunos sectores a esta posibilidad y que son repudiables los reclamos que han protagonizado las fuerzas de seguridad en los últimos años, advierte que «es necesario que se establezca algún mecanismo para que la policía pueda expresar sus reclamos».
En el plano internacional, cita que en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Canadá hay sindicalización de las fuerzas de seguridad. Y más cerca, en Uruguay también, aunque destaca que «no es lo mismo el derecho a sindicalizarse que el derecho a huelga» y que en el vecino país «pueden protestar pero fuera del horario laboral, sin uniforme y sin arma».
Otra ventaja que encuentra Villarreal en avanzar en algún modo de sindicalización de las fuerzas de seguridad es que «permitiría también a los policías denunciar actos de corrupción y abuso, como pasa en cualquier sindicato».
Finalmente, señala que esta situación de indefinición sobre este tema «no sólo perjudica a los trabajadores sino también al servicio que presta la policía a la comunidad». En el plano político, subraya que hay un miedo a tomar la iniciativa sobre el tema, aunque destaca que la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que es antropóloga y viene de la investigación, se ha manifestado a favor.
En el siguiente audio, se puede escuchar la columna completa:
FOTO: TÉLAM
