El Juzgado Federal 1 de Córdoba resolvió este miércoles 5 de junio el sobreseimiento por prescripción de 17 estudiantes que estaban imputados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, el 28 de agosto de 2018, en el marco de una jornada nacional de defensa de la universidad pública. Los estudiantes estaban imputados por usurpación por despojo y turbación de la posesión.
Con la firma del juez Federal Pablo Montesi y el secretario Facundo Troncoso, se resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción y el respectivo sobreseimiento de Candela Guzmán Ahumada, Jorge Sebastián Mauro, Julieta Romina Alonso, Xiomara Bordón, Ariadna Bernardeau, Fausto Szmulewicz, Carla Salusso, María Franca Condori Bazán, Santiago Demarco, Lautaro Tochi, María Belén Schaab, Santiago Agustín Sarmiento, María Nazareth Magnotti, Kevin Omar Huarcaya Fernández Baca, Franco Ricardo Bergero, María Constanza Terbonatti y Lucía Raciti.
Otros de los estudiantes imputados por el mismo hecho, que previamente habían acordado una conciliación que incluía horas de trabajo comunitario, pese a presentar también un pedido para ser sobreseídos, fueron excluidos de esta Resolución.
“Esto es una victoria de las compañeras y los compañeros, para que no quede un precedente tan terrible como querían desde la Justicia, contra algo tan básico como el derecho a protestar; y más aún, para defender la educación pública. Algo que en este gobierno de Javier Milei tanto atacan”, expresó Candela Guzmán, consultada por este Portal.
Guzmán y otro de los estudiantes sobreseídos, Mauro Jorge, ambos militantes de la Juventud del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), emitieron un comunicado en el que afirmaron taxativamente que “luchar no es delito” y que tras esta resolución, hay que avanzar “contra todas las causas que buscan perseguir a los luchadores de Córdoba”.
Explicaron los estudiantes que la resolución judicial firmada por el juez Montesi este miércoles “implica la absolución por prescripción para 17 de lxs estudiantes que no habían aceptado acuerdos previos, manteniendo el planteo de que luchar no es delito”.
«Esta resolución es producto de estos seis años de lucha incansable, exigiendo nuestra absolución. Estamos muy agradecidos con todos los sectores estudiantiles, docentes, organizaciones políticas, sociales y sindicales que levantaron esta bandera contra la criminalización de la protesta. Nuestra lucha fue contra el ajuste universitario y en defensa de la educación pública, algo que está más vigente que nunca frente a la profundización de estas políticas con el gobierno de Milei. Con nuestra absolución se muestra lo que siempre sostuvimos: esta causa sólo buscaba criminalizar la protesta«, expresó Candela Guzmán.
Mauro Jorge, por su parte, manifestó: «Este logro tiene que ser un punto de apoyo para la pelea contra la criminalización de la protesta que viene avanzando en la provincia de la mano de Llaryora. Lo vimos el pasado 25 de Mayo, donde la Policía de la Provincia reprimió y gaseó a manifestantes y periodistas de distintos medios, deteniendo en forma arbitraria a una compañera jubilada y su hija, a quienes al día de hoy les retienen sus celulares. Los estudiantes no somos los únicos procesados por luchar, también están imputados dirigentes sindicales como Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba; y de las organizaciones sociales, tales como el Polo Obrero, el MTR, el MST y Libres del Sur. Como dijimos siempre, luchar no es delito. Vamos contra todas las causas que buscan perseguir a los luchadores en Córdoba”.