De visita por los estudios de la Radio Tortuga 92.9, el asesor Letrado de la Municipalidad de Alta Gracia, Daniel Villar, defendió la posición oficial frente al caso del empleado que habría vendido una motocicleta secuestrada en controles de tránsito y brindó detalles sobre la apelación a la cautelar presentada por la empresa minera Black Rock, que opera en el Valle Buena Esperanza.
Escuchá la entrevista completa: https://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-villar-asesor-letrado-del-municipio/
La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia investiga al empleado municipal Walter Vivas en una causa en la que se lo imputó por «Robo, Estafa por Estelionato Agravado por ser en perjuicio de la Administración Pública y Peculado de Servicios», en virtud de un hecho que llegó a la Unidad Judicial de Alta Gracia el 13 de noviembre pasado. Mientras avanza la investigación, Vivas, quien se desempeña como inspector de tránsito, está detenido.
Frente a esto, la Municipalidad solicitó participación en la causa, al sentirse «penalmente ofendido (…) en contra de todas las personas que resultaren autores, participes o encubridores de los hechos». Advirtió Villar que sospechan que el hecho denunciado pueda tener alguna ramificación: «El intendente me indicó que lleguemos hasta el hueso para ver si hay otros empleados implicados».
También precisó Villar que un inventario realizado por la Municipalidad, descubrió «un faltante importante de otros vehículos» y que Vivas «no sólo dispuso de bienes que estaban a nuestro cuidado, sino que en su raid delictivo, utilizó un vehículo municipal para desplazarse».
En rigor, la causa se originó cuando hace algunos días, en un control se halló en infracción una motocicleta que debía tener la Municipalidad a su resguardo y que había sido secuestrada meses atrás. A partir de este hecho, indica Villar que hay vecinos y vecinas que han informado hechos de características similares.
En la entrevista, Villar también se refirió a la apelación que presentó en representación de la Municipalidad de Alta Gracia a la medida cautelar impuesta por la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, a partir de un pedido de la empresa minera Black Rock, que opera en el Valle Buena Esperanza, para tener ciertas flexibilizaciones en su actividad.
Cabe recordar que vecinas y vecinos de la zona vienen manifestando fuertes críticas a la afectación a la salud y el ambiente que la actividad minera genera, tanto en su tarea específica con las explosiones como con el tránsito pesado. «A partir de esta medida, que es arbitraria y que no tenía la urgencia para implementarse, nuestra posición es estar a favor del dominio público y los vecinos con la preservación de la salud y el ambiente», refirió Villar.
«Hoy no podemos cuestionar la explotación minera; Alta Gracia ha sido un polo minero y hay una legislación que los ampara. Lo importante es si podemos ejercer el poder de policía, regularlo y controlarlo», indicó el asesor Letrado, respecto de la estrategia que está llevando adelante la Municipalidad. Apunta que lo que puede hacerse es disponer horarios para la tarea que no generen perjuicio a las vecinas y los vecinos y al turismo.
