Gacetilla de Prensa- Luego de tres años del “desastre ecológico de Taym”, la Cámara de Acusación dejó en firme las imputaciones a los directivos de la Planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos que contaminó el sur metropolitano y el canal que abastece de agua a un 30% de la ciudad de Córdoba. Los imputados son el Apoderado y Gerente de la Planta, César Ernesto Ripsky y la Responsable Técnica, María del Milagro Aráoz Ferrer. El fiscal Peralta Ottonello los indagaría esta semana.
La Cámara de Acusaciones rechazó con costas el pedido de “excepción por falta de acción y atipicidad” presentado por el abogado defensor, Matías Pueyrredón. La Cámara ratificó lo actuado por el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello -como ya lo había hecho la Cámara de Control en 2018- y confirmó la validez del estudio pericial interdisciplinario que demostró que los contaminantes de la Planta fueron desplazados por el agua de escorrentía fuera de la misma, llegaron hasta el canal abierto Los Molinos-Córdoba e incluso habrían ingresado a la Planta Potabilizadora, poniendo en riesgo la salud de la población. En tal sentido, las camaristas señalan en la resolución:
“…se ha demostrado que una parte del agua llegó al canal Los Molinos–Córdoba proveniente de la planta Taym, y que existen probabilidades de haber ingresado a la planta potabilizadoras. De allí se deduce que se puso en riesgo a la población. Es decir, al existir un peligro potencial de la llegada del agua desde la planta, y al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según los protocolos de Aguas Córdobesas (…) tampoco el agua debió haber ingresado al canal, ya que si bien la prestataria del servicio no tuvo margen de acción para ello, durante el episodio en cuestión, los barrios allí acumulados producto del evento, pudieron haber quedado naturalmente con resabios de esta contaminación, y potencialmente contaminar en un futuro la planta potabilizadora. Por otra parte, muchos de estos contaminantes podrían fijarse a los alimentos cultivados en las inmediaciones, y pasar sin controles específicos, ya que los controles convencionales no influyen en la variada lista de sustancias tóxicas y peligrosas presentes en la empresa TAYM, poniendo en riesgo la salud poblacional (…) el agua de escorrentía que pasó por la Planta TAYM no sería como la escorrentía de cualquier otro suelo, dado que por la naturaleza de los materiales allí presentes, debió contener diversos peligros concretos específicos, por haber tomado contacto con los materiales tóxicos y peligrosos presentes en ella…” (v. fs. 44/45 de autos). (Resolución 586, fs. 8 y 9)
Además hicieron hincapié en las pruebas que demuestran el accionar negligente y violatorio a las normativas de seguridad por parte de los responsables de la Planta Taym.
No obstante, la Cámara de Acusación rechazó la imputación del presidente de la firma TAYM, Alberto Esteban Verra; argumentando “que la doctrina reconoce la dificultad de atribuir a un alto directivo un comportamiento realizado o ejecutado por otros, siendo normal que no se le pueda atribuir el hecho ilícito porque no reúne los presupuestos de punibilidad (cfr. Cesano, ob. cit. p. 291)”. (Res. f.11) “(…) sólo se sabe que aquél presidía la Sociedad, pero no surge de ninguna parte que se encargara de la planta y controlara su funcionamiento.” (Resolución 586, f. 12)
Firman la Resolución de la Cámara de Acusación: Patricia Alejandra Farías; María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato y María de los Ángeles Palacio de Arato.
La semana pasada vencieron los plazos para recurrir la resolución de la Cámara de Acusación, por lo que las imputaciones quedaron firmes y el fiscal Peralta Ottonello podrá continuar con la investigación. Los vecinos de Santa María sin Basura, querellantes e la cusa, temíamos que la defensa de Taym enviara la causa a Casación con el sólo objetivo de seguir dilatando los tiempos de investigación. Aunque los querellantes estamos en total desacuerdo con la revocación de la imputación del presidente de la firma, Alberto E. Verra, esperamos que la causa al fin avance.
Es claro que la política judicial está siendo la de encubrir a los altos funcionarios del grupo Roggio y a los funcionarios públicos responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos. Recordemos que la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos en este “desastre anunciado” se encuentra paralizada desde 2017 en la fiscalía Nro. 2 en lo Penal y Económico (“Anticorrupción”), a cargo de Franco Mondino. La investigación no ha avanzado a pesar de las pruebas contundentes que involucran al actual ministro Fabian López y a funcionarios de la ex-Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como el ex-Secretario Javier Britch. Fueron responsables de autorizar la instalación de Taym en un lugar inundable y de no actuar ante las recurrentes auditorías que evidenciaron graves violaciones a las medidas de seguridad y normativas vigentes cometidas sistemáticamente en Taym.
#BASTADECRIMENESAMBIENTALES
