La Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) calificó como “inconstitucional” la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por amplias mayorías del Congreso. Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, Belén Frías, integrante de la Fundación Arkho, advirtió que el sistema está en riesgo de “colapso” y denunció que desde una mirada cultural supremacista, el Gobierno apuesta a que las personas con discapacidad se queden en sus casas.
Capredis subraya que “la discapacidad no puede seguir siendo objeto de especulación ni de decisiones arbitrarias” y exige la implementación inmediata y plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad; el cese de maniobras dilatorias que desconocen el mandato del Congreso y los derechos de las personas con discapacidad; que se deje de utilizar esta causa como parte de disputas electorales; y un compromiso político y presupuestario serio que garantice la sustentabilidad del sistema de apoyos.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Esperaban que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley?
BELÉN FRÍAS (BF): A esta altura de las circunstancias, esperamos solamente este tipo de acciones del gobierno de Milei hacia nuestro colectivo. Entendemos que hay un ensañamiento directo sobre el sector de la discapacidad, que lo podemos entender desde las políticas supremacistas y la mirada eugenésica que tienen los funcionarios de Milei y él mismo sobre el sector. Quieren que las personas con discapacidad se queden en sus casas, hay una mirada cultural sobre esto. Trascendió el plano de lo económico y el equilibrio fiscal. Buscan que las personas con discapacidad queden excluidas, ya que lo poco que hemos podido avanzar en estos años en inclusión y participación plena se pierde con estas políticas. Ante esta gravísima situación, estamos analizando todas las posibilidades que tenemos. La medida que tomó Milei es inconsittucional. Tendría que reglamentar y cumplir la Ley. La gran porción del financiamiento de la discapacidad es desde la Superintendencia de Servicios de Salud, así que a los fondos los tienen. Ellos saben desde dónde pueden financiar el sector. El financiamiento es necesario. Somos el único sector que no recibe aumentos hace doce meses.
RT: ¿Qué implica esta dilación que se viene dando, primero con el veto y ahora con la suspensión de la aplicación de la Ley?
BF: En cuanto a las personas con discapacidad, esto puede generar la dilación de una medicación, que te lleve a fallecer, o que una persona no pueda asistir a una escuela porque no cuenta con una figura de apoyo, por lo que también se vulnera el derecho a la educación. Además, los prestadores, los profesionales, las instituciones que brindamos apoyo a las personas con discapacidad y sus familias estamos en una situación de colapso. Sostenemos los servicios por una cuestión puramente ética. Nos encontramos en una situación en la que no sabemos ya qué hacer. Nuestro sector siempre fue vulnerado y tuvimos que luchar, pero nunca vivimos una situación de estas características; porque estamos ante un abandono total. Y frente a este abandono encontramos la lucha colectiva como herramenta para visibilizar y que la gente sepa lo que está pasando. Lo único que nos convoca es estar en la calle, porque todos los días nos encontramos con una mala noticia.
Alertó Belén Frías que paralelamente a la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, “las suspensiones de pensiones persisten, el desfinanciamiento está, van echando personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que son quienes ponen en funcionamiento la agencia, a la que están desarmando, sacando gente para que esto quede más invisibilizado”.
En este sentido, subrayó que la política que encarna el gobierno de Javier Milei hacia el sector es “regresiva” y “desconoce la convención y los tratados internacionales, como si no existieran leyes”.
RT: ¿Qué herramientas tiene a mano el sector para resistir esto?
BF: La estrategia es la visibilización, porque necesitamos que la gente se entere lo que está ocurriendo y que no quede restringido al sector de la discapacidad. Tenemos denuncias en organismos internacionales y estamos evaluando una estrategia judicial. Necesitamos que socialmente sientan la presión de aplicar lo que es Ley. Que la gente se entere que no tiene que ver con el equilibrio fiscal, sino que tiene que ver con un pensar acerca de la discapacidad. No creo que gente que acompaña a Javier Milei crea esto sobre la discapacidad. Este gobierno no dijo nada de esto que iba a hacer sobre nuestro sector. Acá no se trata de “pobrecitos”, sino de personas con derechos vulnerados, que les costó conseguir y que no los van a ceder.
