Por Juan Salvador Delú (*). Oculta primero en los borradores informales que circularon estas semanas, y ahora disimulada casi al final del proyecto oficial ingresado esta mañana al Congreso, una medida fulmina el fomento a la cultura y la comunicación. Es un golpe de gracia a expresiones y herramientas que garantizan la democracia.
A las 9.55, el proyecto de “modernización laboral” ingresó formalmente en la Cámara de Senadores, firmado por el Presidente al regresar de Noruega. Minutos después, también fue recibido por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Entre reformas previsibles, el texto incorpora —en el Artículo 196, casi como un trámite administrativo— la derogación del Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y del inciso a) del artículo 136. La ubicación no es ingenua: si se lo lee rápido, pasa desapercibido. Pero ahí se juega una parte esencial de un país federal.
Ese Título V es un mecanismo que sostiene la arquitectura financiera del fomento a la producción cultural y a la pluralidad de voces. El gravamen que allí se establece no es un simple impuesto, sino un modo de redistribuir recursos dentro de un ecosistema profundamente desigual. Permite que junto a los grandes grupos existan radios, televisoras, productoras audiovisuales y proyectos culturales a bajo costo. Eliminarlo no corrige una distorsión: desarma el sistema que equilibra fuerzas.
La Corte Suprema lo dejó claro en 2013: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un modelo integral para evitar la concentración y promover diversidad informativa. Su constitucionalidad no descansa en un tecnicismo, sino en la defensa de una idea elemental: sin condiciones materiales para producir y circular contenidos, la libertad de expresión se vuelve un gesto apenas formal.
Con la derogación del Título V, los organismos que fomentan la producción cultural y comunicacional perderán la mayor parte de su financiamiento específico, aquel que garantizaba previsibilidad y autonomía frente al vaivén presupuestario. El audiovisual, el teatro, la música, los medios públicos y los comunitarios quedan sin el sostén económico que hace posible sostener producciones, abrir salas, transmitir contenidos y desarrollar proyectos culturales en todo el país. La cultura, cuando pierde recursos, pierde territorio.
El proyecto incluso suma un golpe adicional: el Artículo 195 deroga las fuentes históricas de financiamiento del cine previstas en la Ley 17.741. Antes de eliminar el sistema actual, desarma también el que sostuvo durante décadas la producción cinematográfica nacional.
Y resulta difícil hablar de un nuevo modelo de financiamiento cuando ni siquiera se han saldado las deudas millonarias ya recaudadas para el fomento vigente: fondos destinados a medios y proyectos comunitarios que la propia ley todavía protege, pero que no han sido pagados.
Antes, los borradores que circulaban —con artículos que aparecían y desaparecían— podían leerse como globos de ensayo, textos que buscaban medir reacciones o producir confusión. Pero hoy ya no se trata de versiones informales: está en el proyecto oficial enviado al Congreso, firmado y numerado, con las derogaciones escondidas en los artículos finales. Lo que antes era insinuación ahora es voluntad explícita.
Y la confirmación se profundiza: en el llamado “Consejo de Mayo”, presentado con pretensiones fundacionales, el Gobierno ratificó además la eliminación de la recaudación aplicada a las entradas de cine, otro pilar histórico del financiamiento público de la producción audiovisual y de la exhibición independiente.
Si en Mayo de 1810 se abrían, al menos en el imaginario nacional, las puertas para que el pueblo empezara a disputar la palabra (aunque sepamos que no era todo el pueblo), este nuevo “Consejo de Mayo” parece empeñado en lo contrario: cerrarlas. Una refundación peculiar: menos voces en la plaza y más planillas recortando el derecho a contar nuestras propias historias.
Mientras tanto, se consolida un modo de gobernar por perturbación: producir agitación, cansancio, confusión. Proyectos que cambian, borradores que se contradicen, decisiones que avanzan en paralelo. La incertidumbre desgasta, obliga a reaccionar siempre sobre lo urgente, desarma la mirada de conjunto y empuja a la sociedad a jugar en terreno ajeno.
La eliminación de los mecanismos de financiamiento cultural ya no es un rumor ni una hipótesis técnica: es una decisión de gobierno plasmada en un proyecto de ley. Y su impacto excede lo económico: redefine quiénes podrán estar presentes en el espacio público.
La libertad de publicar sin censura previa no alcanza si solo pueden sostener medios las corporaciones o quienes inyectan capitales provenientes de otros negocios. La libertad real necesita condiciones de existencia. Y sin políticas que equilibren un mercado concentrado, la palabra pública se vuelve desigual.
Por eso importa discutir esto con una claridad que no admita eufemismos. No está en juego un tributo ni un trámite: está en juego quiénes podrán narrar el país en los próximos años.
Un país que deja de escucharse pierde algo más que diversidad cultural. Ese es el riesgo.
(*) Juan Salvador Delú es periodista de Radio Futura y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), vía Agencia Farco
