Soledad Rodríguez y su familia atravesaron una situación por demás violenta. En noviembre del año pasado, por mandato de la Municipalidad de Alta Gracia, una topadora derribó las paredes de la casa que estaban construyendo en barrio Parque Virrey. Según las autoridades, esta familia no poseía legalmente el terreno. Días atrás, la familia recibió de la misma Municipalidad la donación de un nuevo terreno y algunos materiales.
En declaraciones a Radio Tortuga 102.7, la damnificada aseguró: “Sin ningún tipo de advertencia nos encontramos con que nos habían tirado la edificación que llegaba hasta el techo; nosotros hace cuatro años que hacemos posesión y nunca se acercó nadie a reclamar el lote». Rodríguez afirma que nunca tuvieron la intención de usurpar el terreno y que por el contrario, trabajaron durante el día, lo que evidenciaría que no hubo intenciones de construir de manera clandestina. “La única advertencia que tuvimos fue ese día, en el que se hizo presente el asesor letrado, Daniel Villar, donde me citaron para ver nuestra situación para luego cedernos un pequeño espacio de tierra a la vuelta de donde estábamos construyendo”, finalizó Rodríguez.
En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del 28 de marzo, se aprobó por unanimidad la donación de un lote a la familia, ubicado en la misma manzana del que previamente habían tomado en posesión. Además del terreno, la Municipalidad entregó a la familia de Soledad Rodríguez algunos materiales para levantar su casa por segunda vez, aunque, afirma Rodríguez, no se acerca a lo que la familia puso en la primera obra.
La otra mirada
El hecho de que las autoridades cedieran el terreno para que esta familia pueda finalmente construir su casa, podría interpretarse como un reconocimiento por parte del municipio del hecho arbitrario de la demolición de la primera construcción. Sin embargo Daniel Villar, asesor Letrado de la Municipalidad, negó esa situación. “No me corresponde a mí decir por qué el Concejo Deliberante accede a ceder este terreno. Yo lo que puedo asegurar es que esta gente estaba turbando el legítimo derecho que tiene el municipio sobre esa tierra. Esos lotes pertenecían originalmente al sindicato de empleados municipales (SITRAMAG) y la Municipalidad los compró en año 2006. En principio, los terrenos de dominio público no pueden ser ocupados, la posesión se transforma en usurpación cuando se infringe la ley”. Villar entiende que probablemente la familia «tenía muy mala información» sobre la titularidad del terreno y que «por cuestiones sociales» el Concejo decidió donar el nuevo lote.
La familia asegura que inició sus trámites de posesión en 2013, asesorados por un martillero público que les habría asegurado que la titularidad del terreno correspondía a una persona fallecida hace algunos años.
A la vuelta, en un terreno nuevo, donado por la Municipalidad, esta familia con mucho esfuerzo, hoy levanta por segunda vez su casa.
