La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Píccoli, adelantó en el Informativo FARCO que la comunidad universitaria se prepara para una nueva movilización nacional, que se realizará el 2 de octubre en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Fernández de Píccoli denunció que el veto no responde a una cuestión de equilibrio fiscal, sino a un ajuste que no tiene precedentes en la historia de la universidad pública argentina.
«Nos parece una decisión totalmente equivocada por parte del gobierno, ya que está ignorando los reclamos de una comunidad universitaria que está al borde del colapso», sostuvo la presidenta de la FUA. Según sus palabras, la medida impuesta por el Ejecutivo ignora el diálogo y favorece una política de imposición: «No hay lugar para consensos o negociaciones, lo que nos lleva a un ajuste brutal.»
Una convocatoria masiva
La marcha hacia el Congreso será impulsada por una amplia coalición de gremios docentes, no docentes, autoridades universitarias y estudiantes. «La movilización busca exigir a los diputados que revoquen el veto con los dos tercios necesarios para restituir la ley», adelantó Fernández de Píccoli.
La presidenta de la FUA resaltó la gravedad de la situación salarial en las universidades, donde «el 85% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza». Esta situación, añadió, afecta directamente la calidad educativa: «¿Cómo puede un docente preparar sus clases o formarse si necesita trabajar en varios empleos para llegar a fin de mes?»
Estudiantes afectados por la crisis económica
Fernández de Píccoli también subrayó el impacto del ajuste en los estudiantes, particularmente en las becas Progresar, cuyo valor adquisitivo se ha desplomado. «En un contexto donde los alquileres y servicios se han triplicado, los estudiantes enfrentan enormes dificultades para sostener sus estudios», afirmó. Según su análisis, el veto del Ejecutivo afecta el acceso irrestricto a la universidad pública, expulsando a quienes no pueden afrontar los costos crecientes.
«¿Qué modelo de universidad se está imponiendo?», se preguntó, haciendo referencia a las dificultades que atraviesan tanto estudiantes como docentes y no docentes. «Es una situación angustiante que genera frustración y abandono de las carreras por parte de los estudiantes», agregó.
Desmontando las justificaciones del veto
Fernández de Píccoli criticó los argumentos del gobierno, que justifican el veto alegando riesgos para las finanzas del Estado. «El impacto fiscal de la ley es mínimo, apenas el 0,14% del PBI», explicó, refiriéndose también al bajo impacto en materia salarial, que representa solo el 0,08% del PBI.
En comparación con otras universidades latinoamericanas, la inversión por estudiante en Argentina es significativamente menor, lo que desmiente cualquier idea de gasto excesivo en el sistema universitario. «Hablar de corrupción o ‘cajas negras’ es una falacia. La ley de financiamiento incluía auditorías por parte de la Auditoría General de la Nación, algo que Milei también decidió vetar, pese a haber hecho campaña prometiendo más controles», sentenció.
La situación de incertidumbre que viven los estudiantes, sumada a las condiciones laborales de los docentes, plantea un escenario crítico para la universidad pública argentina. Frente a esto, Fernández de Píccoli llamó a «luchar unidos» para evitar que el ajuste expulse a más estudiantes del sistema educativo.
