Este miércoles 18 de marzo, por la mañana, se llevará adelante una conferencia de prensa en el Juzgado Federal Número 3, para dar a conocer oficialmente los nombres de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado que fueron identificadas entre los restos óseos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio del ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio «La Perla». En la previa, Tortuga entrevistó al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien destacó el valor social que tiene este hallazgo en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Ha concluido el proceso de informar a las familias de las 12 personas identificadas?
MIGUEL HUGO VACA NARVAJA (VN): De las 12 familias de las personas identificadas, ya todas firmaron el acta de notificación. Y de los 12, once consintieron que los nombres se hagan público, así como la información de quiénes eran. Una sola familia manifestó que no, así que este miércoles estaremos en conferencia de prensa con los familiares, las querellas, el Ministerio Público Fiscal y representantes de las personas que participaron en la búsqueda del año pasado y aportaron elementos de logística para la búsqueda. Para estas 12 familias es una forma de terminar con ese estado de incertidumbre desatado hace 50 años a través del terrorismo de Estado, y que fue uno de los puntos álgidos y permanentes de esa política de aterrorizar a la población. Transmitían ese miedo de que nadie sabía cómo se desaparecía, quién podía desaparecer y en qué momento. Las familias nos han transmitido que para ellas es cerrar una etapa y poder saber qué pasó con sus familiares.
RT: ¿Esa respuesta fue unánime?
VN: La reacción fue unánime. La familia que dijo que no, tiene otra problemática interna. De todas maneras, otros familiares también dijeron que no querían dar notas a la prensa y mantener el tema en un ámbito de reserva. Y otros salieron directamente a hablar con la prensa y exponer quiénes fueron las personas, nombres, edades, lugares de trabajo y militancia. El miércoles nosotros vamos a ratificar todo esto y daremos una pequeña reseña de vida de cada una de estas personas; y detallaremos las causas en la Justicia en las que se juzgó a los responsables y las que están en proceso. También estamos buscando en el Juzgado si se presentaron hábeas corpus al momento de las desapariciones y ver cuáles fueron las respuestas.
Subrayó Vaca Narvaja que las investigaciones por enterramientos clandestinos en la el predio de La Perla datan de hace más de 20 años: «La del año pasado fue la campaña de excavación número 12; en las anteriores no habíamos tenido resultados, por lo cual estamos satisfechos por haber mantenido la perseverancia. Las excavaciones no se hacen fácilmente».
Asimismo, adelantó que de marzo a septiembre de este año «se viene una campaña larga» en el territorio y que ya tienen todo coordinado para que el EAAF, junto al Poder Judicial de la Provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) puedan continuar con las excavaciones, «con la certeza de que estamos en un lugar en el que se removieron restos».
Puntualizó el Juez que están buscando no «partículas, partes de huesos, pequeños huesos, dientes», habida cuenta de que, tal como supieron revelarlo diversos testimonios, en 1979 en el sector se removieron los restos de personas que habían sido enterradas en una fosa clandestina; ya que desde los gobiernos dictatoriales pretendieron destruir toda evidencia sobre sus crímenes, ante la visita de organismos internacionales: «En algún momento se buscaron restos, hoy tenemos la certeza de que fueron removidos y lo que hay son desprendimientos de ellos, de cuando fueron trasladados en 1979″.
Finalmente, respecto al valor que tiene esta búsqueda en un contexto en el que el Gobierno Nacional muestra un desdén hacia las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y pone en debate consensos históricos respecto al terrorismo de Estado, Vaca Narvaja manifestó: «Las coyunturas son eso, coyunturas. El Estado Argentino, que está más allá de los gobiernos transitorios, tiene obligaciones internacionales a través de los tratados de Derechos Humanos y tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a llevar adelante este tipo de búsquedas, resarcir a las víctimas y explicar bien qué pasó. Más allá de coyunturas particulares y gobiernos transitorios, hay políticas de Estado y una de ellas es la que estamos llevando adelante, además del juicio a los genocidas. Esas políticas no van a cambiar».
