Verónica Antúnes, titular de la Fundación Espacios, visitó Radio Tortuga 92.9 para hablar sobre la reciente ratificación en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el rechazo al veto del presidente Javier Milei. Con la voz aún marcada por la intensidad de los últimos meses, definió lo ocurrido como un hecho histórico: hacía 22 años que la Cámara Alta no rechazaba un veto presidencial. “Un colectivo que a simple vista puede parecer débil logró abrir un camino de inclusión para el futuro”, resumió.
El escenario que se abre ahora no es sencillo. Milei había anticipado que, en caso de que el veto fuera rechazado, judicializaría la ley. Esa posibilidad mantiene en vilo al sector. Si el proceso sigue los plazos normales, la implementación recién podría notarse a nivel económico en enero de 2026. Pero si la ley se judicializa, la incertidumbre se multiplica. “Llevamos un año y medio sosteniéndonos mal, con muchos recortes. No sabemos si podremos seguir resistiendo”, advirtió Antúnes.
La situación de la Fundación Espacios refleja crudamente esa emergencia. El área de equinoterapia debió cerrar, y los servicios de pileta se redujeron en un 80%. Los profesionales trabajan con aranceles que la directora califica de “indignos”, mientras las becas que la institución otorgaba a personas sin cobertura social se vieron reducidas. “Cada servicio que cerramos significa que alguien queda sin tratamiento”, explicó.
La posibilidad de que la ley termine en los tribunales es vista como un riesgo político para el gobierno. “Es un gobierno impredecible, pero el costo sería muy alto”, sostuvo Antúnes, al recordar las denuncias por sobreprecios en medicamentos y los mecanismos irregulares en las auditorías de pensiones no contributivas. En Alta Gracia, explicó, el correo recibió más de 2.000 cartas documento imposibles de entregar por domicilios inexistentes o mal consignados, lo que derivaba en cortes de pensiones. “Cuando escuchamos los audios (de Spagnuolo) que hablaban de este mecanismo, nos resultaron absolutamente verosímiles porque lo vivimos en carne propia”, señaló.
En ese contexto, Antúnes subraya que la lucha no tiene color partidario. La Fundación buscó diálogo con distintos espacios políticos, desde el gobierno provincial hasta la oposición radical, aunque reconoce que La Libertad Avanza nunca los recibió. “No queremos que se piense que afectamos el equilibrio social. Esto tiene que ver con derechos. Gobierne quien gobierne, la discapacidad se defiende”, remarcó.
El trasfondo político, sin embargo, aparece de manera inevitable. Antúnes recordó con dolor el gesto de Milei en la Cámara de Comercio, cuando, mientras la ley se discutía en Diputados, el presidente se reía al anunciar que la vetaría. Ese quiebre marcó un antes y un después en la posibilidad de diálogo. Aun así, la dirigente insiste en que el respeto por las instituciones debe sostenerse: “El Congreso está haciendo lo que debe hacer, que es representarnos. Quiero creer que esto debe funcionar”.
¿Por qué un sector tan pequeño en términos de gasto estatal fue puesto en el centro de la política de ajuste? Antúnez tiene su lectura: “Somos una minoría, pero muy fuerte en su debilidad. Quizás pensaron que íbamos a ser pocos los que presionáramos, pero nuestra convicción contagia”.
Frente a lo que viene, la certeza de la Fundación Espacios y de las organizaciones del colectivo es clara: la emergencia sigue siendo real, los tiempos institucionales son largos y el futuro inmediato está plagado de incertidumbre. Pero si la ley se judicializa, advierte Antúnes, la respuesta también será firme. “No vamos a parar de luchar”.
