Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se necesita el voto de dos tercios del cuerpo para rechazar la medida de Javier Milei y que la Ley pase al Senado, para su ratificación definitiva. En el marco de una iniciativa nacional, que se replicará en diversas ciudades y pueblos, en la Plaza Solares de Alta Gracia se realizará el martes 19, a las 19, una vigilia con velas “para iluminar entre todos este reclamo justo y necesario”.
La iniciativa es impulsada por personas con discapacidad y sus familias, prestadores, profesionales e instituciones del sector en la región. El mismo miércoles 20, a las 12, convocan además a la misma Plaza Solares, para acompañar de forma activa y presencial el “momento histórico” que significa el debate en el Congreso.
La Emergencia en Discapacidad que contempla la Ley, que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y vetada por el presidente Javier Milei, es planteada por el colectivo de discapacidad apenas como una herramienta para reponer la pérdida que viene sufriendo el sector desde diciembre de 2023. Aclaran, en este sentido, que es el punto de partida para avanzar con demandas más profundas y estructurales que tiene el sector y que históricamente han sido desatendidas.
Confrontan, en este sentido, con la idea planteada desde el Gobierno Nacional de que lo demandado pone en riesgo el equilibrio fiscal, aseverando con los números mismos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que la incidencia presupuestaria de los reclamos es mínima.
Sin embargo, subrayan, el impacto de la Ley de Emergencia en Discapacidad es determinante para “garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de miles de personas y sus familias”.
En rigor, se demanda el cese de la arbitrariedad en la baja de pensiones por discapacidad, un diálogo fluido con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para atender las demandas del sector, el cese de la persecución hacia el colectivo de la discapacidad y una actualización en el nomenclador que regula los aranceles que se pagan en el sector.
Advierten que muchas y muchos profesionales y transportistas se ven obligados a dejar sus trabajos, lo que conlleva que personas con discapacidad discontinúen sus terapias y tratamientos, y que incluso instituciones se vean obligadas a cerrar sus puertas, dejando en absoluto desamparo también a las familias.
“Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, subraya una consigna que enarbola las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones.
