Daniel Villar, asesor letrado de la Municipalidad de Alta Gracia, explicó los detalles de la demanda que SADAIC presentó contra el municipio por los derechos de autor en los festivales de Colectividades y Peperina, con un reclamo que superaba los 65 millones de pesos. Además, Villar aclaró su situación laboral en el municipio ante los rumores sobre su posible salida.
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) presentó una demanda contra la Municipalidad de Alta Gracia, reclamando el pago de derechos de autor correspondientes a los festivales de Colectividades y Peperina. Daniel Villar, asesor letrado de la municipalidad, explicó que la demanda fue interpuesta siete meses después de la realización de ambos eventos. “El pago o no pago, las condiciones que se hayan acordado con SADAIC, o no, derivó en estas dos demandas”, comentó Villar al respecto.
Según el asesor letrado, el cálculo inicial de la deuda ascendía a 28 millones de pesos para el festival de Colectividades y a 13 millones para el de Peperina. En ese sentido, Villar subrayó que la entrada al festival de Colectividades fue gratuita, lo que complicaba la cobertura de costos: “Este último evento fue con entrada gratuita, lo cual hace que los costos de SADAIC junto con los de la fiesta se haga cuesta arriba”.
A medida que avanzaba el proceso, SADAIC decidió presentar una demanda ejecutiva que elevó el monto inicial debido a los intereses acumulados. “Si vos hoy actualizas 28 millones de pesos, lleva a un monto de 45 millones de pesos, y otro tanto con Peperina, cuyos 13 se hicieron más de 20 millones de pesos”, detalló Villar. La asesoría municipal negoció una reducción, alcanzando un acuerdo de 29 millones para Colectividades y 9 millones para Peperina, con un plan de pago en cuotas.
“Lo que estaba reclamándose, si hubiese seguido el reclamo judicial, deberíamos haber pagado 45 millones por Colectividades y más de 20 por Peperina”, explicó Villar, resaltando que el acuerdo resultó en una quita significativa en los intereses y en una estructura de pago accesible para el municipio.
Sobre su permanencia en la Asesoría Letrada
Los últimos días tuvieron al Asesor Letrado del municipio en el centro de la tormenta, a raíz de su decisión de asumir la representación jurídica de dos de las personas denunciadas, Verónica Rodríguez y Cristian Murúa, por estafas con criptomonedas. Acto seguido, el intendente Marcos Torres adelantó en los medios que le pedirá a Villar que deje su función pública si decidía avanzar con este tema.
En diálogo con Radio Tortuga 92.9, Villar explicó que su accionar estuvo orientado a ayudar a la justicia a aclarar un tema que afectó a más de 2,000 vecinos de la ciudad: “Teníamos nada menos que dos personas que habían intervenido en esta operatoria de plataformas digitales y que también se sentían perjudicadas en el funcionamiento. Por eso, era muy importante acercarle al fiscal una información que podía serle útil”.
“Lo que hubo fue una presentación espontánea. Cuando uno está sospechado de algún delito y tiene información que quiere poner a disposición de la justicia, existe la figura de la presentación espontánea. Eso es lo que hicimos con dos personas que querían informar y dar la metodología de cómo se había trabajado, al solo efecto de colaborar con el fiscal”, precisó Villar.
Finalmente, el asesor letrado aclaró que, una vez realizada la presentación espontánea, la justicia dictó una resolución que establecía que tanto Rodríguez como Murúa no se encontraban bajo proceso penal: “Esto nos libera de la preocupación que tenía el intendente de no intervenir en el proceso penal. Lo cierto es que yo presenté dos personas cuya información era importante para el fiscal, y tras la propuesta que hicimos, salió una resolución donde ellos no estaban bajo proceso y, por lo tanto, no requerían un abogado defensor. Ahí queda esclarecida mi participación”.
