En una opinión enviada a este medio, el asesor Letrado de la Municipalidad, Daniel Villar, reafirmó su denuncia por «calumnias» contra el concejal Roberto Brunengo, haciendo referencia al artículo 109 del Código Penal. En tanto, el edil radical difundió una adhesión que le envió la senadora nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, amparándose en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este cruce viene a cuento de una discusión política suscitada tras, inicialmente, una mención que Villar hiciera de Brunengo en una reunión con vecinos que demandaban el cierre del Parque del Sierras Hotel durante la noche. Allí, el asesor Letrado y coordinador del Consejo de Seguridad municipal hizo referencia a que el edil radical estaba en contra de la propuesta municipal, que iba en consonancia con el pedido vecinal. Ante posterior reclamo de vecinos a Brunengo, éste negó los dichos de Villar y en una entrevista periodística lo trató de «mentiroso e ineficiente».
Lo público y lo privado
Es a partir de este cruce que Villar lanzó una denuncia penal contra el concejal por «calumnias», que fue cuestionada por un amplio arco de la representación política local. «Respeto todas las expresiones políticas que se pronunciaron sobre un conflicto estrictamente de índole privado», intentó tomar distancia Villar en la opinión que envió a este medio, despegándose de las menciones de Brunengo por supuestas denuncias por violencia de género y abuso de autoridad contra el asesor Letrado.
«El edil cipayo intenta esconder su ilícita conducta detrás de un supuesto ataque a las instituciones democráticas de nuestra querida ciudad, que dicho sea de paso debo decir que mi partido y mi humilde militancia coadyuvaron para que vivamos en un Estado de Derecho», ataca Villar en su texto, precisando que su interés es que «ése Estado funcione la Justicia e impute y condene a quien el único responsable de los delitos que cometió en contra de mi persona y mi profesión».
Judicializar la política
En tanto, la adhesión de Rodríguez Machado a Brunengo inicia expresando su «total adhesión a lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», que afirma que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
En ese marco, Rodríguez Machado expresa su «total apoyo» a Brunengo manifiesta su rechazo a «judicializar la política, emplazando por carta documento y ubicando en la frontera del delito a manifestaciones propias de cargos electivos». Asimismo, abre el paraguas y cuestiona las formas: «Si las opiniones son erradas, pues la manera es demostrarlo» y «no apretar con notificaciones pre judiciales».
