En atención a la crítica situación del sector, agravada por la falta de pagos de distintos programas nacionales, el gobernador Martín Llaryora dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, destinado a la cobertura de gastos corrientes de funcionamiento y, en casos de doble jornada, a cubrir un complemento alimentario. El anuncio fue oficializado junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, en una reunión desarrollada este miércoles 15 de abril en el Centro Cívico, junto a instituciones de diversos puntos de la provincia.
En la reunión en el Panal se expuso la situación que atraviesan instituciones que llegan a tener a cargo más de un centenar de personas con discapacidad y que deben hacer frente a sus gastos corrientes, pese a haber dejado de percibir los aportes de PAMI y del programa nacional Incluir Salud; entre otros problemas financieros derivados de la crisis económica actual.
«Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis, explicó Llaryora y subrayó: «Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios«.
El Gobernador remarcó la «necesidad urgente» de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad y agregó: «A través de la solidaridad de todos los cordobeses, estamos agilizando este fondo para llevarles un tiempo de tranquilidad, pero las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente».
Por su parte, Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos».
En sus redes, subrayó la funcionaria que en el marco de esta situación de crisis «peligran terapias, residencias y espacios que sostienen la vida cotidiana de cientos de personas» y planteó taxativa que «cada prestación que se corta no es un número», sino «una persona que pierde calidad de vida y una familia que queda abandonada».
Remarcaron desde la Provincia que todas las entidades participantes vienen recibiendo el acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.
Junto al gobernador @MartinLlaryora recibimos a referentes de instituciones de discapacidad que hoy atraviesan una crisis grave. No es casual. Es consecuencia directa del abandono y del incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional.
— Liliana Montero (@monteroliliana) April 16, 2026
Están al límite. Peligran… pic.twitter.com/rGv4wn1V7t
