El juzgado Federal número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, admitió este jueves 23 de abril el amparo colectivo contra INCLUIR Salud y PAMI, que fue presentada con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad ante el corte en la cadena de pagos a los prestadores de salud. «La decisión que tome la Justicia será aplicable al colectivo, evitando el desgastante camino individual», destacó la abogada Marta Lastra, una de las letradas que presentó el pedido en sede judicial.
Explicó Lastra que el fallo judicial reconoce la legitimación de una madre y curadora para representar no solo a su hijo, sino a todas las personas titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que el amparo solicitado busca revertir la situación generada por el Gobierno nacional a partir del decreto por el que suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Aunque este instrumento ya fue declarado inválido por la Justicia Federal, el Ejecutivo que encabeza Javier Milei sigue sin dar cumplimiento a la normativa, por lo que los pagos no se hacen efectivos desde diciembre pasado, explicó la abogada.
“Cuando el sistema que debería garantizar la atención deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones; se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas”, señala el texto firmado por Vaca Narvaja, en el que declara la admisión del amparo colectivo.
Sobre la naturaleza del amparo colectivo, en tanto, el escrito del juez señala: “Se advierte una posición de vulnerabilidad del colectivo involucrado. En efecto la titularidad de una pensión no contributiva, de por sí expresa las dificultades económicas y carencias de recursos del colectivo involucrado, resultando irrazonable y contrario al acceso a la justicia, exigir que se formulen presentaciones individuales”.
