Desde la Federación Converger, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y la Cámara de Prestadores (Capredis) emitieron una publicación en redes a través de la cual expresaron su «profundo rechazo» a la decisión del Gobierno Nacional de quitar la inversión del Estado para garantizar los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y sus acompañantes en el transporte interurbano de pasajeros. Aseguran las entidades que estas medidas representan «nuevos ataques hacia las personas con discapacidad y la población en general».
Advierten críticamente que pese a que la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación afirma que aunque se elimine el subsidio, el derecho sigue vigente y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) debe controlar que las empresas lo cumplan; «hace tiempo que el Gobierno viene ejecutando un progresivo vaciamiento de ese organismo, con la pérdida de funciones, como el control de los vehículos de pasajeros y el despido masivo de trabajadores de la CNRT en todo el país.
En ese marco, plantean que se debilita la capacidad de la CNRT para asistir a las personas con discapacidad, tanto en lo que tiene que ver con los pasajes gratuitos como en la resolución de los reclamos de usuarios. Las entidades subrayan que «el derecho de las personas con discapacidad conlleva siempre el rol del Estado para garantizarlo y eliminar las barreras que lo impidan«; y subrayan que no se trata de «buena voluntad».
Remarcan que «cuando el Estado se retira, los derechos quedan librados a la ‘buena voluntad’ de las empresas de transporte«.
«Y eso ya lo conocemos», alertan sugestivamente.
En ese marco, apuntan las organizaciones que el activismo de las personas con discapacidad lucha siempre por el cumplimiento de ómnibus accesibles, procedimientos para adquirir pasajes que no dependieran de la buena voluntad de las empresas, sin cupos arbitrarios, capacitación a los choferes y más presencia del Estado, para garantizar y hacer cumplir derechos.
«Con menos controles, hay más barreras y más exclusión«, sentencian y aluden a un ataque directo del Gobierno al sector, al relacionar esta decisión de la Secretaría de Transporte con el incumplimiento que hace la gestión de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad (aprobada y ratificada por el Congreso); el intento de desregulación del sistema prestacional; la «ya increíble» deuda del Estado con instituciones vía Incluir Salud y la «falta total de políticas reales a favor de las personas con discapacidad».
Finalmente, plantean también que «la desprotección del derecho a los pasajes gratuitos» es «un nuevo eslabón de una cadena de retrocesos que van desde la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, la desregulación nacional de los servicios de transporte de pasajeros, que dejó de ser considerado servicio público (Decreto 883/2024), hasta la disminución de frecuencias en rutas menos rentables y el aislamiento de localidades pequeñas».
Foto ilustrativa: gentileza
