La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lanzó una convocatoria a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, en demanda de la apertura «urgente» de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Incentivo Docente, el rechazo a la reforma jubilatoria, la defensa de las cajas previsionales provinciales, mayor inversión en infraestructura educativa y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Como parte de la central gremial nacional, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se pliega al llamado al paro, que estará acompañado de movilizaciones en todo el país.
En la convocatoria, CTERA denuncia la «grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional«.
Asimismo, subraya que esta medida de fuerza es una respuesta directa a la «permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa».
«Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación», remarcan.
Reclamos:
– Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
– Recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
– Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación.
– Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
– Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.
– Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.
– Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos.
– Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
