En una decisión denunciada como de persecución institucional y disciplinamiento contra la libertad de investigación, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a la reconocida investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, quien dedicó buena parte de su trayectoria a estudiar el impacto del uso de agroquímicos y productos fitosanitarios en la flora, la fauna, la tierra y la vida humana.
Según revela el diario Página/12, oficialmente se fundamentó la medida, aludiendo a presuntas irregularidades administrativas vinculadas al uso de fondos e inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.
Sin embargo, la propia investigadora rechazó de plano la legitimidad de las imputaciones y advirtió sobre el verdadero trasfondo político de la medida. “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, le dijo un mes atrás al citado medio, que subrayó que las tensiones internas y el malestar de las autoridades se profundizaron a medida que los avances del proyecto comenzaron a arrojar datos cuantitativos contundentes sobre la denominada “ruta del plaguicida”.
El equipo investigador logró documentar técnicamente la presencia de complejas mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre; y confirmar que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos.
Ante la exoneración de Aparicio, la Universidad Nacional de Río Negro instó formalmente a las autoridades del INTA a dejar sin efecto la sanción y garantizar la inmediata reincorporación de la científica a sus funciones. Asimismo, la institución exigió el estricto respeto al debido proceso, la preservación de las libertades de expresión e investigación y la defensa incondicional de una ciencia pública soberana, autónoma y comprometida de forma transparente con la salud de la población y la protección del medio ambiente.
