Un proyecto presentado por Natalia De La Sota y Juan Marino en la Cámara de Diputados propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en discapacidad contemplada en la Ley 27.793. La iniciativa responde a un reclamo generalizado de las organizaciones del sector y personas con discapacidad y sus familias, y cuenta la firma de legisladores de diversos bloques opositores: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Primero San Luis.
El proyecto extiende la emergencia con todos sus efectos en todo el territorio nacional y establece que sus disposiciones se aplican desde el 1° de enero de 2027 aunque su promulgación fuera posterior, de modo que ninguna maniobra dilatoria pueda abrir un vacío entre el vencimiento y la puesta en vigencia.
«Este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el Gobierno se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia», expresaron desde Defendamos Córdoba, el espacio que encabeza Natalia De La Sota.
Respecto al presente del sector de la discapacidad y las trabas que le pone el gobierno de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, afirmaron: «Dejar caer la emergencia el 31 de diciembre de 2026 sería consumar por vencimiento lo que el gobierno nacional no logró por veto ni por presupuesto, y hacerlo en el peor momento posible. Hoy los pagos de Incluir Salud acumulan meses de atraso: transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares denuncian que les resulta imposible subsistir y están al borde del cierre. En los hogares donde viven personas con discapacidad —muchas de ellas sin ningún familiar de apoyo, que dependen exclusivamente del Estado— falta la entrega de pañales y de medicación además del pago de las prestaciones, y existe el peligro inminente de que cierren sus puertas y sus residentes queden en la calle».
«Más de 200.000 personas con discapacidad esperan una pensión: el propio Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que en toda su gestión otorgó apenas 2.995. Al mismo tiempo, las auditorías se realizan de manera irresponsable y derivan en quitas indiscriminadas, se disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto —complejizando y retrasando el acceso a trámites y derechos. Cada mes que la emergencia estuvo trabada fue un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas», completan.
Finaliza la gacetilla, subrayando que la Ley 27.793 existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes y transportistas se movilizaron en todo el país, y porque el Congreso estuvo a la altura de esa movilización cuando volteó el veto. En virtud de ello, afirman que prorrogar la emergencia es «la continuidad de esa conquista».
La iniciativa lleva las siguientes firmas: Germán Martínez, Gisela Scaglia, Oscar Herrera Aguad, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Yolanda Vega, María Inés Zigarán, Victoria Tolosa Paz, Yamila Ruiz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Martin Lousteau, Jorge Omar Fernández, Esteban Paulón, Hugo Yasky, Lourdes Arrieta, Alberto Arrúa, Jimena López, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Jorge Taiana, Alejandra Torres, Eduardo Valdés, José Nuñez, Pablo Farías, Pablo Todero, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Molina, Sergio Capozzi, Caren Tepp, Juan Fernando Brügge, Mónica Frade, Mariela Coletta, Agustina Propato, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Celia Campitelli, Marianela Marclay, Hilda Aguirre, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Christian Zulli, Luis Basterra, Ariel Rauschenberger.
