Referentes de la Mesa de trabajo por un hábitat digno mantendrán esta mañana un audiencia con el fiscal Emilio Drazile.
Ante la movilización llevada adelante en el día de ayer, el fiscal Drazile habia accedido a recibir sólo a un vecino, hecho que motivó el malestar de quienes se manifestaban frente a la Fiscalía cortando el tránsito sobre calle Sarmiento. En este sentido, las y los vecinos insistian en que al menos un representante de cada organización formara parte de la reunión.
A tal efecto, la Fiscalía no cedió ante la solicitud vecinal por lo que la audiencia se concretaría finalmente en la mañana de este jueves a partir de las 10 horas.
Cabe recordar que la movilización se realizó «exigiendo el cese de hostigamiento judicial que se viene ejerciendo sobre los poseedores de Villa Río por parte de la justicia local, en detrimento de los derechos adquiridos en la posesión pacífica de la tierra, de acuerdo a lo estipulado en el Código Civil», según precisaron desde el colectivo.
Presentación de la mesa
Antes de comenzar la movilización hacia la fiscalia «exigiendo el cese de la persecución y criminalización de los poseedores de Villa Río (Anisacate)», se leyó el documento de conformación de la Mesa de trabajo por un hábitat digno, en la que trabajarán mancomunadamente la Agrupación Piquillín, la Asociación Civil 8 de Agosto, el Movimiento 1ro. de Mayo y el Encuentro de Organizaciones (EO).
En el documento se precisó que «el objetivo de esta articulación es la lucha en defensa del ejercicio pleno de los derechos universales frente a las desigualdades económicas y sociales». «El documento refleja la situación por la que muchas organizaciones y vecinos atraviesan a diario en sus territorios por lo que denuncian: La criminalización de los poseedores de la tierra para la vivienda digna y nuestras economías solidarias; El avance de los especuladores inmobiliarios quienes, gracias a la falta de políticas de Estado, profundizan los problemas de acceso a la tierra; El abandono del Estado y de empresas públicas y privadas en la prestación de servicios básicos de calidad en nuestros territorios; Los permanentes hostigamientos, violencia institucional, discriminación y estigmatización de la pobreza por parte de todos los poderes del Estado, intentando romper los procesos de construcción colectiva; El avasallamiento de intereses privados sobre el ambiente y nuestros bienes comunes», agregaron.
