El gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera («Ley del Libro»), que genera un marco regulatorio para la actividad. Con esta iniciativa, la administración «libertaria» busca favorecer a las grandes plataformas y cadenas; lo que ha generado un amplio rechazo del sector. Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, Jorge «Chacho» Charras, de Almacén de Libros, advirtió que la propuesta del Gobierno es un ataque a uno de los capitales culturales más importantes del país.
En rigor, se trata de la tercera vez que el gobierno de Javier Milei intenta avanzar con la derogación de la llamada «Ley del Libro» para arrasar con el sistema de Precio Venta al Público (PVP) uniforme o precio único que dispone la actual ley y permitir que las grandes cadenas de supermercados y las plataformas digitales puedan aplicar agresivas promociones y descuentos, y obligar a las editoriales y los mismos escritores a tener que negociar este tema con los empresarios; desconociendo el valor cultural del producto.
«Desde 2001 la actividad librera está regulada por la Ley 25.542, que establece un marco de reglas de juego y no fija un precio de referencia. A grosso modo, señala que el precio del libro, establecido por la editorial, tiene que ser el mismo en cada punto de venta en todo el territorio nacional; por lo cual las grandes cadenas tienen que vender al público al mismo precio que una librería chica del interior del interior», explicó Charras.
En ese marco, fue enfático al destacar los beneficios que viene generando esta ley: «De 2001 para acá se triplicó la cantidad de novedades que se publicaron en Argentina y se duplicó la cantidad de editoriales que aparecieron. Argentina tiene más o menos 1.500 librerías en todo el territorio, lo que la coloca en uno de los puntos más altos en la región. Esto también permite la aparición de más autores nuevos que han podido ser publicados por editoriales, que a la par de las librerías chicas también han podido surgir desde lugares como Alta Gracia«.
Charras también subrayó que la existencia de esta ley «no supone ninguna erogación del Estado y marca simplemente una regla de juego»; y cuestionó que se oriente el debate hacia el precio del libro, «como si uno comprara un paquete de arroz, empobreciendo todo el trabajo cultural que viene detrás del libro, como el de aquel que dedica su tiempo a la escritura, el editor que arriesga la publicación, lo que implica mover el libro y hacer la distribución, diseñadores, imprenteros y toda la industria que está detrás de que salga un libro físico».
«Argentina se puede enorgullecer de tener una gran cantidad de librerías, lectores, libreros, escritores, editores. Sería un gran golpe al espíritu nacional reducirlo a una pelea de precios«, reflexionó y completó: «Una editorial chica no tiene márgenes de ganancia ni tiradas para satisfacer una cadena de 30 supermercados ni para sentarse a negociar con algún representante de Mercado Libre para dejarle el 50% o 60% del valor del libro».
También dejó en el aire la pregunta de a quiénes beneficia verdaderamente la insistencia del proyecto de derogación, habida cuenta de que «todos los actores involucrados en el circuito del libro, desde el escritor hasta algunos CEOs de las cadenas» están a favor de continuar con el marco regulatorio actual: «Nadie pidió un cambio en las reglas de juego».
Y finalmente, apuntó que «esta desregulación no sólo beneficiaría a las superficies grandes, sino también a la piratería, ya que haría que todas estas instancias intermedias del escritor hacia adelante se resientan».
