El bloque de concejales de Unión por Córdoba refrendó por mayoría el polémico acuerdo que firmó la Municipalidad con Telecom por la deuda por estructuras portantes. El radicalismo denuncia que la Municipalidad resigna unos cinco millones de pesos sin aplicarle los intereses correspondientes con este acuerdo y adelantó que llevará el tema a la Justicia.
Luego de más de seis meses, desde que el acuerdo ingresó al recinto legislativo y tras las idas y vueltas del oficialismo, finalmente se aprobó por mayoría, donde se necesitó el voto del viceintendente Juan Manuel Saieg. El convenio fija en tres millones 171 mil 850 pesos el monto a pagar por la empresa Telecom.
El convenio faculta al Departamento Ejecutivo para negociar bajo la misma modalidad con la empresa AMX S.A. (De la empresa de telefonía Claro). El radical Roberto Brunengo estimó que con el acuerdo con AMX S.A., Alta Gracia perdería unos tres y cuatro millones de pesos, sin contar los intereses.
“Nos oponemos al convenio porque es perjudicial para los intereses para los vecinos de Alta Gracia, porque estas empresas multinacionales que recaudan millones no pueden argumentar que no pueden pagar las tasas que el municipio ha establecido y que los vecinos tengan que cumplimentar con el municipio para que no les inicien acciones judiciales de cobro”, explicó Brunengo en diálogo con Radio Tortuga.
DESEMPATÓ EL VICE INTENDENTE
En medio de una acalorada sesión, la votación terminó cuatro a cuatro, ya que el oficialista Gabriel Medina debió abandonar el recinto legislativo en medio de la sesión. Mientras los cuatro opositores votaron en contra del despacho de Unión por Córdoba, el presidente del Concejo y Vice Intendente de la ciudad, Juan Manuel Saieg, debió desempatar, dándole vía libre al convenio que propuso el Ejecutivo.
El convenio ingresó en marzo para ser aprobado por el Concejo, pero tuvo que volver al Ejecutivo luego de las dudas que planteó el radical Roberto Brunengo, donde denunció que la Municipalidad renunciaba a cobrar cinco millones de pesos sin intereses por la deuda que Telecom arrastra desde 2012 con el Estado local y que cubre las tasas que debe abonar hasta 2019 inclusive.
El despacho también señala que en cinco días hábiles, las empresas deben ser notificadas para abonar el monto acordado, y que en caso de no cumplir, el Ejecutivo debe iniciar acciones judiciales de forma inmediata a través de Daniel Villar, Asesor Letrado municipal.
Brunengo anunció que irá a la Justicia porque: “Se está violentando no sólo la carta orgánica municipal, sino también a la constitución provincial con su articulo 71 y porque entendemos que ese incumplimiento recae en el articulo 248 del Código Penal, que es al figura de incumplimiento del deber del funcionario público”.
