Durante la mañana del miércoles 19 de junio, organizaciones feministas de la ciudad presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para que Alta Gracia adhiera a la llamada «Ley Micaela», que dispone capacitación permanente de funcionarios públicos en materia de género. El proyecto fue girado a la Comisión de Legislación General para su tratamiento.
La Ley Micaela es una norma nacional que se aprobó en 2018, luego del femicidio de Micaela García. Esta joven de 21 años de edad fue violada y asesinada a la salida de un boliche bailable por el femicida Santiago Wagner en Gualeguay, Entre Ríos. La joven era militante activa del movimiento Ni una Menos y del movimiento «Evita».
El movimiento Feministas Silvestres, uno de los promotores de este proyecto que cuenta con el acompañamiento de la Asamblea Abierta de Mujeres del Valle de Paravachasca, en un comunicado previo a la presentación, manifestaba: «Nos encontraremos expectantes, ya que los programas destinados a promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia son insuficientes en nuestra ciudad y las organizaciones políticas feministas partimos de la convicción de que solo en articulación con el Estado lograremos políticas públicas que garanticen nuestros derechos».
Ley Micaela ¿Qué implica?
Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
