Frente a la escalada de sospechas por actos de corrupción en el Gobierno, en el marco de las cuales en los últimos días se habían conocido audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, presuntamente en una reunión en la Casa Rosada; el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar al pedido del Gobierno y ordenó el “cese inmediato” de la circulación de dicho material. La Fatpren denunció que la medida tiene el «objetivo claro de disciplinamiento» del periodismo y ligó la disposición judicial a la “represión sistemática a fotorreporteros y cronistas en Congreso y a las patotas digitales contra comunicadores”.
La denuncia por una presunta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral”, tal como lo anunció el vocero Manuel Adorni, fue presentada por el Gobierno y también insta a la Justicia a allanar los domicilios de Carnaval Stream, el canal desde el cual se dieron a conocer los audios, y menciona como responsables de esta presunta operación a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi.
“Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”, agregaron.
La medida cautelar dictada por Maraniello impone el cese de la difusión del material atribuido a Karina Milei “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
La firma Indalo, responsable de C5N y Radio 10, en los cuales se desempeñan Mauro Federico y Jorge Rial, repudiaron el “intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información”.
Además, calificaron la denuncia del Gobierno como “una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho”, que “oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros”.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) expresó su más “enérgico repudio al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Justicia de allanar a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial” y rechazó la medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios que involucran a funcionarios de gobierno, ya que “representan un profundo ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información en nuestro país”.
Aludió la central gremial que “este tipo de acciones por parte del Gobierno son otra forma de impedir la labor del periodismo, y fueron históricamente rechazadas”, y que “se inscriben en la represión sistemática a fotorreporteros y cronistas en Congreso y a las patotas digitales contra comunicadores con un objetivo claro de disciplinamiento”.
Finalmente, en nombre de los sindicatos de prensa del país enviaron su solidaridad con los periodistas agredidos y exigieron “que se respeten las leyes que protegen nuestra actividad para informar a la sociedad”.
