A través de un documento, titulado «URGENTE: Organizaciones del colectivo de las personas con discapacidad y Profesionales Prestadores de Córdoba rechazamos el Presupuesto 2026 por derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad», la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), la Mesa de Trabajo de Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Converger y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) expresaron su «profunda preocupación y rechazo ante el dictamen del Presupuesto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso, que pretende «derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley N.º 27.793), una norma fundamental que ha sido votada cuatro veces por el Congreso».
Repasa el comunicado que luego de que el Gobierno promulgara y suspendiera la Ley de Emergencia, la Justicia determinó hace una semana que «la ley estaba vigente, que el gobierno no tenía razón para suspenderla y que debía implementarla inmediatamente, sin exigirle al Congreso que le indicara de donde obtener los fondos».
Remarcan sin embargo que «ahora el Poder Ejecutivo vuelve con una nueva estrategia ilegítima, al incorporar a último momento dos artículos en la Ley de Presupuesto, mediante las que deroga las leyes de Financiamiento Universitario, y la Ley de Emergencia en Discapacidad».
Subrayaron que se trata de «una nueva muestra de crueldad» con «consecuencias graves e inmediatas».
Advierten las organizaciones que «la eliminación del marco de emergencia no es un simple ajuste administrativo», sino que «representa un retroceso que pone en riesgo derechos ya conquistados y el sostenimiento mismo del sistema de prestaciones«.
A continuación, detallan el impacto «devastador» que tendrá esta derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, si el oficialismo logra aprobar el Presupuesto que propone:
● Suspensión de actualizaciones: Se darán de baja los aumentos previstos a partir de enero de 2025 y las actualizaciones mensuales automáticas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC); en cambio de esto se proponen aumentos trimestrales, lo cual significa un importante atraso en los valores de las prestaciones ya que se deberá esperar tres meses para recibir un aumento que luego será efectivamente cobrado con otros dos o tres meses de atraso. Contrariamente a lo que establece la Ley de Emergencia, los aumentos serán decididos de manera arbitraria por los organismos del Poder Ejecutivo.
● Desconocimiento de la deuda actual: No se reconocerá el atraso arancelario generado durante la gestión actual, el cual ya alcanza aproximadamente un 70%.
● Impacto en Talleres Protegidos: Se reducirán significativamente los ingresos de quienes trabajan en estos espacios, empeorando su calidad de vida de manera directa.
● Recorte en Pensiones: Luego de una conquista histórica impulsada por las organizaciones y personas con discapacidad pensionadas de todo el país, mediante la cual la justicia obligó al Estado a suspender la auditoría ilegal y devolver las pensiones suspendidas (lo cual aún no fue cumplido), la derogación dejará sin efecto el cambio impulsado por la Ley de Emergencia, que obliga a transformar las “pensiones por invalidez laboral” a “pensiones para la protección social”. Este retroceso atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en consecuencia muchas personas con discapacidad en situación de pobreza quedarán fuera del sistema de pensiones que proponía esta ley.
Finalmente, alertan que los aumentos trimestrales condicionados que propone el artículo 76 del presupuesto son insuficientes e inciertos sin el marco de previsibilidad que otorga la emergencia actual: «Se trata de una ‘maniobra encubierta’ que utiliza a las personas con discapacidad como variable de ajuste presupuestario».
En ese marco, exhortan a las diputadas y diputados nacionales a que «asuman su responsabilidad institucional y NO den quórum ni aprueben un presupuesto que recorta derechos de manera indirecta»; a los gobiernos provinciales, que «acudan en defensa de sus comunidades y visibilicen el daño que esta medida causará en el territorio cordobés y en el resto del país»; y a los medios de comunicación, que «acompañen este reclamo y contribuyan al control democrático de decisiones que afectan a miles de familias».
«No hay margen para retroceder. Defender la Ley de Emergencia es defender la vida y la dignidad de las personas con discapacidad», cierra el texto.
