El secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, amplió su denuncia por los hechos ocurridos frente a la Secretaría de Políticas Sociales. Sostuvo que la causa en su contra fue “armada”, señaló al fiscal De Aragón y al ministro Quinteros, y reclamó el fin de la criminalización de la protesta en Córdoba.
Giuliani presentó el pasado 24 de octubre una denuncia penal por los hechos de represión ocurridos durante la manifestación del 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en la que fue detenido por la Policía. El dirigente calificó el episodio como un “hecho gravísimo” que evidencia la “criminalización de la protesta social” por parte del gobierno provincial.
La presentación judicial, radicada bajo el expediente SAC 14222844 en la Fiscalía de Distrito Dos, Turno Cinco, a cargo de la fiscal Florencia Esposito, fue acompañada por su abogado Claudio Orosz. Durante la conferencia de prensa en Tribunales II, Orosz explicó que la denuncia amplía las ya formuladas por el abogado César Theaux —junto al Colegio de Abogados— y por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. “Giuliani y otra compañera sufrieron lesiones graves, incluyendo una fractura. Aportamos un pendrive con material audiovisual elaborado por la organización Mapa de la Policía, que documenta los hechos represivos”, señaló el letrado, quien además sostuvo que “no existen los delitos por los que fueron imputados los 15 compañeros detenidos” y que la causa original fue “falseada ideológicamente por el fiscal De Aragón y jefes policiales”.
En diálogo con Radio Tortuga 92.9, Giuliani afirmó que la denuncia fue presentada por una “obligación moral y política”. “Esto no puede quedar impune. Lo que nos sucedió podría haberle pasado a cualquier organización o ciudadano. Hay una violencia institucional estructural que remite a prácticas de los años 70”, sostuvo. El dirigente relató que durante el operativo “fue emboscado”, sufrió una fractura de brazo al ser esposado y luego permaneció detenido. “Hay responsabilidades materiales de la Policía, intelectuales del fiscal De Aragón y políticas del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros”, afirmó.
Según Giuliani, las pruebas que obran en su contra “son inconsistentes” y su defensa se apoya en un video que muestra que los manifestantes fueron invitados a ingresar al edificio sin causar daños. “A partir de ese registro y del trabajo conjunto con organismos de derechos humanos, logramos demostrar la arbitrariedad del operativo. La represión y la criminalización de la protesta avanzan junto al ajuste y la pobreza”, advirtió.
El dirigente de ATE vinculó el episodio con un contexto más amplio de “violencia institucional y persecución a los sectores populares”. “A medida que avanza el ajuste crece la criminalización de la pobreza y de la protesta. En las provincias se consolidan regímenes autoritarios, y Córdoba no es la excepción”, expresó.
Respecto del panorama político, Giuliani consideró que el sindicalismo atraviesa una “crisis de representación” y que “ATE resistió en soledad frente al gobierno”. “Hay dirigentes que hace décadas están en los mismos cargos. Necesitamos reconstruir la organización desde abajo y generar un programa con protagonismo real de los trabajadores”, sostuvo.
Finalmente, sobre el avance de la causa, advirtió que “la justicia es lenta con los pobres y rápida con los poderosos”. “Si no hay respuesta, llevaremos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la OIT. En Córdoba hay abuso de prisiones preventivas y condiciones inhumanas de detención. Las pruebas que presentamos son contundentes y esperamos que se investigue”, concluyó Giuliani.
