La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez, en carácter de vecina de Unquillo y usuaria del servicio público de electricidad, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando la suspensión inmediata del proceso de privatización de la empresa que opera la generación de energía nuclear, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que fue impulsado a través del Decreto Nacional N° 695/2025 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 1751/2025.
La acción judicial busca proteger los derechos de los usuarios y consumidores establecidos en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, argumentando que la medida gubernamental compromete la continuidad, eficiencia y precio justo del servicio eléctrico.
“La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44% del capital accionario, el daño sería irreversible”, señala el texto presentado por Estévez.
El amparo se funda en tres agravios constitucionales principales:
Omisión de Audiencia Pública. La demanda sostiene que la decisión de transferir un generador clave, que impacta directamente en la estructura de costos y las tarifas de los usuarios, se tomó sin convocar la Audiencia Pública previa y obligatoria. Esta omisión constituye una violación directa a la garantía de transparencia y participación ciudadana exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo «CEPIS».
Irregularidad Constitucional: Se cuestiona la validez formal del proceso de privatización, señalando que introduce una incertidumbre jurídica y de control sobre la gestión de un servicio público esencial, al carecer de una base legal vigente adecuada.
Afectación al Derecho de Usuarios y Seguridad: La transferencia irregular de un activo nuclear estratégico fuera del control constitucional pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a un servicio de calidad y a un ambiente sano y seguro (Art. 41 CN), generando un riesgo ambiental y de seguridad colectiva.
Estévez acredita su legitimación para actuar en defensa de sus derechos individuales y colectivos como usuaria efectiva del servicio en su domicilio de residencia. La presentación busca que la Justicia declare inconstitucional el accionar del Poder Ejecutivo y garantice la protección de los intereses económicos y de seguridad de todos los consumidores de energía eléctrica.
