En la mañana de este miércoles 25 de junio, la Cooperativa de Servicios Públicos de Anisacate procedió al corte del suministro eléctrico al edificio del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y al Área de Cultura de la Municipalidad de Anisacate. Explican que llegaron a esta decisión “tras haber agotado todas las instancias administrativas previas para resolver una situación de irregularidad en la titularidad del servicio”. Por su parte, la intendenta Natalia Contini denunció que se trata de un “atentado” político y anunció que denunciarán penalmente a la Cooperativa por esta medida.
Aseguró Contini que las boletas por el servicio están al día, “porque acá está el corazón de la administración de nuestro municipio”.
Desde la Cooperativa aclararon que la medida no responde a una deuda puntual de consumo eléctrico, sino al “incumplimiento sostenido del cambio de titularidad del servicio, el cual se exige por reglamento y fue debidamente notificado tanto mediante intimaciones formales como a través de una carta documento cursada hace varios meses”.
“Hoy nuestro edificio está sin luz, procedieron a realizar un corte intempestivo que no corresponde”, indicó Contini al respecto y adelantó que procederán a “hacer las denuncias penales correspondientes y restablecer el servicio lo antes posible para que nuestros vecinos no se vean afectados por las decisiones políticas de una cooperativa que claramente está en contra del avance para los anisacatenses”.
El presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, explicó que “este procedimiento se llevó adelante con la correspondiente autorización del ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos), luego de un extenso proceso de diálogo y advertencias que no fueron atendidas por la administración municipal”.
Desde la institución se remarcó que una vez efectuado el cambio de titularidad, “conforme a lo establecido en el reglamento vigente, el servicio podrá restituirse con normalidad, siempre que se aborde además la situación financiera que afecta la sostenibilidad del sistema cooperativo”; en referencia a una deuda de más de 300 millones de pesos que la prestadora de servicios exige a la Municipalidad.
