La Municipalidad de Anisacate ha decidido intervenir el centro vecinal de los barrios Valle de Alta Gracia – La Marianita, debido a un presunto incumplimiento de sus autoridades de la Ordenanza Municipal número 86, en sus artículos 24, 52 y 56, que exige la rendición de cuentas al finalizar el mandato. Las autoridades vecinales, por su parte, niegan las acusaciones y aseguran que la intervención es infundada y políticamente motivada.
Natalia Contini: “Debemos garantizar la transparencia en la gestión”
La intendenta Natalia Contini explicó que la intervención del centro vecinal se debe a irregularidades en la gestión de sus autoridades, quienes no presentaron la rendición de cuentas ni convocaron a elecciones después de que su mandato venciera en diciembre de 2023. “Esto es un caso de usurpación de cargo”, afirmó Contini. Por otro lado, señaló que la intervención durará tres meses, durante los cuales se deben cumplir los requerimientos administrativos para continuar con el proceso eleccionario. De no contar con la documentación correspondiente, «se puede disolver el centro vecinal».
Por otro lado, destacó que, a pesar de los esfuerzos de la municipalidad por seguir los procesos administrativos correspondientes, las autoridades del centro vecinal no han respondido adecuadamente a las solicitudes de documentación. “Decidimos avanzar con la intervención después de que ellos se negaron a recibir las cartas documento que enviamos pidiendo los papeles correspondientes”, sentenció Contini.
«No entiendo por qué, si estaba como presidente (Martín Contreras), no se presentó con la rendición de cuentas ni solicitó que se habilitaran las elecciones. Nosotros seguimos los procesos administrativos correspondientes, le respondimos al presidente del centro vecinal que debían presentar esa documentación y se cortó la comunicación. Esperamos el tiempo prudente y ellos siguieron adelante paralelamente con la elección, negándose a recibir las cartas documento que enviamos pidiendo los papeles correspondientes. Una vez agotado el proceso administrativo, decidimos avanzar con la intervención y decir: «Señores, tienen que presentar las cuentas correspondientes», agregó.
Consultada por la posibilidad de que el oficialismo municipal estuviese interesado en promover un candidato propio para el centro vecinal, Contini negó de lleno la posibilidad: «Nosotros no tenemos esas intenciones, provenimos de la actividad privada y hemos decidido participar en política. No tenemos la idea de permanecer ni mucho menos ocupar espacios que no nos corresponden«.
Martín Contreras: “La intervención es infundada y políticamente motivada”
Martín Contreras, abogado y esposo de Carla Petrello, ex presidenta del centro vecinal, rechazó las acusaciones de la intendenta y calificó la intervención como infundada y políticamente motivada. “Nunca se ha rechazado ninguna carta documento ni negado ningún pedido de los que dicen que han solicitado”, afirmó. Según Contreras, el centro vecinal ha cumplido con todas las obligaciones legales y ha presentado la información requerida, aunque asegura que la municipalidad ha actuado con total indiferencia y ha vulnerado el derecho constitucional de los vecinos a elegir sus autoridades.
«Presentamos un recurso de reconsideración donde se ha adjuntado toda la información que han solicitado para demostrar que no hay nada que necesitemos ocultar, que está todo a la vista como siempre», señaló, y manifestó que el centro vecinal presentó una nota a la Tesorera con la documentación pertinente, pero que sin embargo se negaron a recibir: «El municipio no quería hacer la excepción de un recurso de nota de un centro vecinal, es insólito».
A su vez, destacó que el centro vecinal no maneja fondos públicos y que su patrimonio es fruto de las aportaciones de sus socios. “El daño que genera esta intervención es de dimensiones muy amplias”, aseguró, añadiendo que si no se resuelve la situación, recurrirán a instancias judiciales superiores para proteger los derechos de los vecinos.
«Quedará esperar que ellos recapaciten y si no, pediremos participación en otra instancia al fuero que corresponda. Si hay que extenderse al ámbito penal lo haremos, tenemos las herramientas para hacerlo. Es lamentable porque la vía judicial debería ser una excepción que se ha convertido en una regla. No hay posibilidad de negociar, es todo por las malas, es la dificultad más grande que plantea este tipo de políticas», enfatizó.
