La sentencia de primera instancia de la jueza Graciela Cerini, que fijaba un plazo de 90 días para que la Provincia y el municipio determinasen «el uso público» del arroyo Los Paredones, fue recurrida por el country. El asesor Letrado municipal, Daniel Villar, confía en los fundamentos en pos del desalambre.
Con la reciente apelación, el country se asegura el arroyo alambrado durante todo el verano y algunos meses del otoño próximo.
«Es innegable, esto es de dominio público»
Villar repasó históricamente que con la incorporación de la Municipalidad como tercero interviniente, junto a FUNDEPS y en base al trabajo realizado inicialmente por el colectivo Todos por Nuestros Arroyos, se logró que la causa pasara del fuero Civil al Contencioso Administrativo y que «quien tuviera que dirimir fuera un juez de Alta Gracia, que conociera el tema», y no que «algún juez que venga a jugar al golf fuera el que tuviera que resolver el conflicto».
El asesor Letrado confía en que los fundamentos esgrimidos inicialmente por la Provincia, en base al trabajo de los terceros intervinientes, serán suficientes para echar por tierra la apelación del barrio privado. Los 90 días dispuestos a fines de noviembre por la juez Cerini se suspenden con esta medida impuesta por Potrerillo, ya que la sentencia no quedó firme.
Ahora llega el turno de defender los fundamentos del fallo. «Es innegable, esto es de dominio público», apuntó Villar, quien adelantó que el desafío que viene es convencer al Poder Judicial de que el desalambre del arroyo «será en beneficio para todos los vecinos» y que la Municipalidad es la responsable de su mantenimiento y resguardo.
