Por María Eugenia Marengo / CDM Noticias. El 18 de diciembre, la Cámara del Crimen de Villa Dolores rechazó la apelación de la elevación a juicio a seis defensores ambientales criminalizados por denunciar la ilegalidad de la Autovía de Punilla. Desde la CTA Autónoma de Punilla se emitió un comunicado de repudio y piden adhesiones para visibilizar y denunciar la situación.
“Rechazamos por injusta la decisión de llevar a juicio a tres integrantes de la CTA Autónoma Punilla, una compañera de ATE y a un comunero indígena”, comienza el comunicado. Esta historia -que data desde los comienzos de la construcción de la Autovía, donde las detenciones y la violencia del Estado provincial fue manifiesta en las denuncias realizadas por los mismos ambientalistas-, hoy, ya en los últimos días de este 2024, cobró un giro aún peor al ser ratificada la elevación a juicio de seis de las 18 personas imputadas, por la Cámara del Crimen de Villa Dolores, lo que implica que deberán enfrentar el proceso judicial en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje.
La causa está vinculada a la manifestación que se realizó para pedir información, al entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso, el 13 de agosto de 2022. Por este motivo, se los acusa de amenazas y resistencia a la autoridad. La apelación a la elevación a juicio, había sido presentada en julio de este año y fue una oportunidad para dejar en evidencia el procedimiento irregular de la fiscal de Cosquín -Paula Kelm-, quién desestimó el año pasado las pruebas y testigos que los y las abogadas de lxs imputados presentaron ante la acusación.
“Sin admitir pruebas ni testimonios de los compañeros, sin contemplar los argumentos planteados por los abogados, ni los nuevos elementos que surgen de los accidentes habidos desde la inauguración de la obra, el proceso no es más que un intento por disciplinar a quienes defienden el ambiente las comunidades y los pueblos indígenas”, continúan en el comunicado y explican como al mismo tiempo se deja impune la ausencia de medidas de seguridad necesarias, ya sea cartelería idónea y la falta de controles efectivos sobre la fauna silvestre sin remediación ni transparencia alguna.
De esta manera, el fallo de la Cámara respalda la decisión de la Fiscalía de rechazar estas pruebas, argumentando que no afectaban el curso del proceso ni el derecho a la defensa. Esta decisión fue uno de los principales agravios presentados por los abogados, quienes denunciaron una falta de imparcialidad en el tratamiento del caso, donde dichos testimonios, entre otras pruebas, darían una versión diferente de los hechos.
Eugenia, vecina de Punilla, explica además que este resultado es parte de una situación que está pasando con muchas personas, no solamente de Córdoba, donde a todo lo que se argumenta en defensa de estas causas, la justicia no hace lugar y no considera a los testigos: “es la manipulación total de estas causas».
Asimismo, se denuncia la violación del Artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado, y la obligación de preservarlo; el Artículo 38 de la Constitución de la provincia de Córdoba, que establece entre otras cosas, evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica y la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 (OIT).
En ese marco, agregan desde el comunicado, que el tramo de la Autovía fue inaugurado sin las medidas de seguridad necesarias y generando una innumerable cantidad de conflictos principalmente en el área de la Reserva Natural y Cultural Yuspe y que los anuncios de continuidad en un segundo tramo, serán bajo la misma modalidad. “Por este motivo, planteamos la evaluación de otras alternativas de trazado que respeten el ambiente, y el derecho de las comunidades locales a sus sitios sagrados de ceremonia”.
Las formas y los tiempos de la justicia se ponen en evidencia en esta causa, cuando el desalojo del acampe en Molinari, en mayo de 2022, lo hace la policía con la orden de la fiscal Kelm y el juez de control, Núñez, y ante los reclamos de los ambientalistas en los medios, se vieron obligados a iniciar una investigación: “que la estamos exigiendo nosotros porque denunciamos que ese desalojo fue de manera ilegal. Esa causa duerme en la Fiscalía de Carlos Paz. En cambio, la causa contra los defensores ambientales avanzó y fue posterior al desalojo en Molinari”, dice Eugenia y da cuenta sobre dónde pone la prioridad el sistema judicial. “También mencionar el amparo presentado en 2017, que aún no tiene una resolución de fondo sobre esta obra, y es lo que después desencadena el conflicto social. Una justicia que no responde a tiempo, que dilata, nos lleva luego a este conflicto donde suceden cosas como la manifestación contra Musso”, agrega.
Esta situación irregular en varios aspectos, implica la posibilidad de sentar un precedente que podría replicarse en futuros conflictos vinculados a otros proyectos como el Corredor Bioceánico.
Asimismo, se lanzó un formulario virtual para apoyar a las personas, organizaciones y comunidades comprometidas con la legítima defensa de los bienes comunes. Se puede acceder a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftI-tWdqWg4_Q6yT5-5uwDXenvi96Sz1LD_Smh2wVA_ZncOQ/viewform?pli=1
