Los diputados nacionales cordobeses Gabriela Estévez y Pablo Carro, del bloque Unión por la Patria, presentaron formalmente la solicitud de informes sobre un derrame de sustancias tóxicas de hace unos días en el acceso a la Autovía de Punilla y el posible cierre de las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal. También expresaron preocupación respecto a la utilización del DNU 70/2023 como base legal para transformar a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una sociedad anónima.
Explicó Carro que el primer tema refiere a un «derrame de sustancias toxicas ocurrido el pasado 28 de febrero en el acceso a la autovía de punilla, barrio San Jorge/Molinari – Cosquín donde un Camión cisterna derramó una carga de 30.000 litros de fertilizante con amoníaco, lo que generó una emergencia ambiental en toda la zona».
En este caso, puntualmente, desean contar con información acerca de qué fue lo que ocurrió y «cuáles fueron las medidas posteriores para mitigar el impacto ambiental y cuidar la salud de las y los cordobeses».
Alertados sobre el posible cierre de las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, en tanto, los diputados cordobeses requirieron información respecto a si efectivamente se planea ejecutar su cierre y «cuáles son los planes a seguir en cuanto a estas Unidades Turísticas» y «qué políticas de Turismo Social» planea ejecutar esta gestión nacional en 2025.
Advierte Carro que «además de restringir el acceso al derecho a las vacaciones y a la posibilidad de conocer por primera vez las sierras o el mar, como históricamente ocurrió, el cierre de estas Unidades Turísticas pone en riesgo miles de puestos de trabajo».
Finalmente, Estévez y Carro expresaron su preocupación por la posible utilización del DNU 70/2023 como base legal para la transformación en sociedad anónima de la EPEC.
«Solicitamos que se inste al Gobierno de la Provincia de Córdoba a dialogar con los trabajadores y trabajadoras de EPEC en búsqueda de la solución de cualquier conflicto. Está en riesgo el rol social y publico del servicio que hoy brindan, para llevar la energía a donde la necesitan los cordobeses. Como consecuencia, caería el Convenio Colectivo de Trabajo, se perderían puestos de empleo y se abriría la puerta a la posibilidad de dolarizar las tarifas eléctricas», apuntó Carro.
