En el marco del «Ruidazo» que en todo el país se manifestó el miércoles 18 de abril en contra de los tarifazos impuestos por el gobierno nacional, unas 200 personas participaron en la ciudad de Córdoba del Cabildo Abierto que se desarrolló en Plaza San Martín, en el que se reclamó también por los recortes previsionales.
Decenas de organizaciones sociales y partidarias convocaron a esta manifestación que tuvo como objetivo llevar el reclamo de «vecinos, ciudadanos, clubes de barrios, pequeños y medianos comerciantes y pymes entre otros».
La posta la tomaron representantes de centros vecinales, que expusieron las dificultades de ciudadanos y de instituciones para pagar el brutal aumento de tarifas que se viene viviendo desde que asumió Mauricio Macri. Posteriormente llegó el turno de los partidos políticos, que continuaron bajo la misma línea, aportando datos numéricos que muestran cómo el salario perdió poder adquisitivo en relación a las tarifas (esto lo dijo Pablo Tissera del Partido Solidario) y cómo estos aumentos beneficiaron a las grandes empresas que prestan los servicios (lo dijo Irina Santiesteban del Partido de la Liberación). Cabe destacar que entre los actores partidarios estuvo el radical Dante Rossi, que manifestó su desacuerdo con las políticas tarifarias del gobierno de Cambiemos, del que forma parte el radicalismo.
La actividad finalizó con una movilización y el «Ruidazo» para hacerse escuchar por las calles cordobesas.
No a la transferencia de recursos a las corporaciones
Las organizaciones convocantes leyeron un documento que denuncia la «gravísima situación económica que padecemos» y cómo las tarifas afectaron a distintos actores sociales. En el escrito se denuncia «una gran transferencia de nuestros recursos a estas corporaciones, por estos tarifazos» y sumaron a la lista de medidas que impactan contra la ciudadanía a los «enormes aumentos provinciales y municipales» de distintos impuestos.
También denunciaron que se vive «la inflación más alta en décadas», recordando que en este año, hasta marzo ya lleva acumulado un 6,7 por ciento, sumado al 24 de 2017 y al 41 de 2016. Además, declararon la «imposibilidad de pagar estos aumentos» y la decisión de organizarse para «no pagar» los tarifazos.
Emergencia tarifaria
En el mismo documento se rechazó los tarifazos y se pidió: Que se deroguen los mismos en forma inmediata y definitiva, declarándose la emergencia tarifaria; que no se corten los servicios por falta de pago hasta que esta situación se defina (la de los tarifazos); que se retrotraigan también los precios de todos los servicios esenciales a diciembre de 2017; que las empresas concesionarias prestadoras de los servicios públicos sean auditadas públicamente y pasen al sector público; la renuncia inmediata del ministro Juan José Aranguren «por sus incompatibilidades y malicia»; y la declaración de las garrafas como «bien social».
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