El miércoles 18 de abril Jorge de Nápoli formalizó su pedido de licencia como concejal y en su lugar asumió Cristina Roca, histórica referente del peronismo local, quien se venía desempeñando como secretaria de Gestión Administrativa. Con su incorporación, el Concejo Deliberante tiene por primera vez cuatro mujeres en su composición: la radical María Inés Carignani y las peronistas Jesica Heredia, Daniela Ferrari y la mencionada Cristina Roca.
En tiempos de empoderamiento de las mujeres e incorporación en los debates políticos de temas vinculados a la igualdad de derechos en materia de género; mientras algunos osan poner en debate lo justo (o por lo menos necesario) del cupo femenino en el campo político, históricamente hegemonizado por hombres; no es menor que el Concejo Deliberante altagraciense por primera vez en su historia se acerque tanto a la paridad.
Cuatro mujeres y cinco hombres a partir de este miércoles, debatirán las ordenanzas y resoluciones que deben regir la vida de los y las altagracienses. Más aún, en otro dato histórico, el bloque de Unión por Córdoba, con la incorporación de Roca, tiene tres concejalas mujeres y dos hombres: Gabriel Medina y Mariano Agazzi.
La sola presencia de mujeres en estos cargos no garantiza que las problemáticas que atañen a este colectivo históricamente, tengan mayor presencia o sean incorporadas con perspectiva de género en el recinto legislativo. Sin embargo, no debería pasarse por alto que este dato histórico es una marca de época y también una gran oportunidad para que tanto los temas vinculados a la identidad de género como a la violencia de género, sean incorporados en la agenda legislativa de Alta Gracia de manera prioritaria y con una mirada contemporánea, que se deje atravesar por las interpelaciones de estos días.
En este sentido, viene bien recordar, para finalizar, que nunca prosperó el pedido que el Colectivo Ni Una Menos Alta Gracia realizó al Concejo Deliberante para que se apruebe la ordenanza de Emergencia en Violencia de Género en la ciudad, para que se establezcan presupuestos especiales que permitan atacar este flagelo, cuya dimensión, medida por la cantidad de denuncias que recepta Fiscalía, deberían encender una señal de alarma en el Estado.
