El domingo 26 de junio, en horas de la tarde, según expresaron fuentes judiciales a este medio, se tomaron testimonios y se secuestró documentación del Sanatorio Alta Gracia, en el marco de la investigación por un hecho de supuesto maltrato a un hombre de 81 años que se denunció el sábado y que tomó estado público a través de la difusión de fotos y vídeos en redes sociales.
El mismo sábado, la Fiscalía de 1ª Nominación, a cargo de Diego Fernández, recibió dos denuncias simultáneas sobre el mismo hecho. Una, desde la familia de este hombre por «delitos contra la vida«, que postula que se lo encontró desestabilizado y atado de pies y manos a una camilla. La otra, por parte del mismo sanatorio, por un supuesto incumplimiento de los protocolos del nosocomio por parte de los familiares del hombre.
Fuentes judiciales indicaron que la primera medida que tomó la Fiscalía fue disponer de un médico forense para realizar un examen médico integral y un relevamiento del lugar. Además, se dio intervención a la Municipalidad de Alta Gracia, que es quien ejerce el poder de policía a nivel local, y al Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA), que es el ente encargado del contralor y aplicación de las sanciones a los nosocomios públicos y privados que operan en el ámbito provincial.
A última hora del sábado, el hombre fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield de la capital cordobesa y el domingo, la Fiscalía trabajó en recabar los elementos de prueba que permitan determinar si hubo un apartamiento a las prácticas y protocolos elementales respecto de la salud y si cabe, en ese sentido, algún tipo de responsabilidad penal.
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En virtud de ello, hasta las 20 se tomaron testimonios y se secuestró documentación, con la colaboración de especialistas en la materia y Policía Judicial.
A partir de este lunes, continúa la recolección de elementos de prueba y, según las fuentes judiciales consultadas, resta receptar testimonios de algunos familiares que no han podido declarar e informes técnicos que deben elaborarse desde la misma Fiscalía y otros que se solicitarán al Ministerio de Salud y a la Municipalidad.
