Ante el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni sobre la intención del Gobierno Nacional de avanzar en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país (las dos Atucha y la de Embalse); Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Pablo Carro, de Unión por la Patria (UxP), presentaron un proyecto de Ley que pretende derogar el artículo 8 de la Ley Bases 27.742, que prevé la privatización parcial de la estratégica firma energética. La iniciativa legislativa pretende “restablecer el control estatal total” sobre la empresa.
En los fundamentos del proyecto de Ley se confronta la idea del gobierno de Javier Milei de que la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. es un paso hacia una Argentina más moderna y eficiente. “La historia del desarrollo nuclear argentino y las experiencias previas con modelos de gestión mixta ofrecen una perspectiva crítica sobre este planteamiento”, afirman los diputados de Unión por la Patria.
“La existencia de accionistas privados introduce una lógica de mercado que puede entrar en conflicto con los objetivos estratégicos nacionales”, alertan y subrayan: “La lección del pasado es clara: un activo de valor estratégico incalculable, como la capacidad de operación nuclear, no puede ser protegido mediante un esquema de propiedad compartida si el compromiso político del Estado se debilita”.
Acto seguido, plantean que “la privatización parcial de NA-SA, la empresa que opera las centrales y que es el eslabón final de este ciclo, podría poner en riesgo esta posición privilegiada” y que “la transferencia de conocimiento y operaciones a una entidad con un 44% de capital privado podría generar desconfianza en la comunidad internacional, socavando la reputación que Argentina ha construido durante décadas como un país con un control estricto de la tecnología nuclear para fines pacíficos”.
Finalmente, los considerandos indican que “el camino a seguir para Argentina no es la privatización de su patrimonio, sino el fortalecimiento de un ecosistema nuclear estatal que ha demostrado su liderazgo regional y su capacidad para generar energía limpia y tecnología de vanguardia” y que “la defensa de NA-SA es la defensa de una política de Estado que ha probado ser exitosa y esencial para el futuro estratégico de la nación”.
