Mientras se sigue negando a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, el gobierno de Javier Milei dispuso una actualización del 2,1% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas desde junio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad alertó que este incremento «no resuelve el problema si durante un año no se dieron aumentos».
Asimismo, expuso con preocupación que «las instituciones y prestadores de discapacidad continúan enfrentando un atraso acumulado que supera el 40% respecto del aumento real de los costos registrado desde fines de 2023″.
Y remarcó: «Actualizar los valores según la inflación actual no recupera la pérdida producida durante ese período ni garantiza la sostenibilidad de las prestaciones que miles de personas con discapacidad necesitan todos los días».
En el repaso de los perjuicios que sufren los diversos eslabones que integran el sector de la discapacidad, señaló el Foro que consecuencia de los atrasos en los pagos y la falta de actualización oportuna de los aranceles, se generó un fuerte endeudamiento, con «deudas con ARCA, multas e intereses por pagos fuera de término, y costos financieros derivados de créditos tomados para afrontar salarios, servicios y otras obligaciones indispensables para continuar prestando atención».
En virtud de ello, subrayaron desde el Foro que «la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada para dar respuesta a esta situación» y que «sin una implementación efectiva, la crisis que atraviesa el sector se profundiza«.
