La altagraciense Irene Cuevas, de 22 años, estudiante universitaria que vive con discapacidad motriz severa desde su nacimiento, lleva años litigando contra Apross y el Gobierno de la Provincia, en demanda de los apoyos necesarios para vivir una vida digna y autónoma. En el presente, aguarda una definición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para acceder a una silla de ruedas específica y prestaciones que requiere para avanzar en su autonomía de vida. Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, la abogada Paula Gastaldi dio cuenta del engranaje kafkiano de dilaciones e incumplimientos que obturan esta posibilidad.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Cuál es el reclamo que sostiene Irene Cuevas al Apross y cuáles son los incumplimientos que viene sufriendo?
PAULA GASTALDI (PG): El caso de Irene es emblemático respecto al acceso a los derechos de mujeres con discapacidad. Desde que nació, Irene está en juicio contra Apross. Ocurre, sin embargo, que hay una sentencia favorable a Irene que implica la cobertura total de las prestaciones que ella requiere y que indica como regla que todo debe ser cubierto. Pero con el tiempo va cambiando el proyecto de vida de Irene. El juicio empezó con una bebé, luego siguió con una niña y ahora tenemos una mujer con discapacidad. Lo último que logramos, junto a la colega Magalí Montes, con quien llevamos la situación de Irene Cuevas a la Justicia desde hace tres años, es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia deba cubrir aquello que Apross no cubre; puntualmente todo lo que implica que Irene pueda asistir a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): esto significa, que tenga los apoyos necesarios para que pueda estudiar. Irene se comunica a partir de tecnología y necesita apoyos para trasladarse y desplegar su autonomía. El Ministerio adeuda casi un año de este dinero y, por su parte, Apross debe la silla de ruedas, que ha sido condenado a cambiar. Esta decisión ha sido apelada por Apross y el Ministerio y el expediente hace nueve o diez meses descansa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no se expide. Existen sentencias favorables para Irene, pero la Justicia tiene estos mecanismos de apelación, casatorios… Estamos en este espiral hace años. Lo que se pone en juego es que para ciertas personas con discapacidad, parece que hay una dependencia de la judicialización de toda una vida entera. No podemos confiar en una sentencia que se gana, porque después hay que ejecutarla y empiezan a aparecer nuevas necesidades. Hablamos de una obra social de la Provincia que hace estas maniobras. Cada vez tenemos que estar reclamando que cambian las necesidades, que cambia la edad y que cambia el proyecto de vida de Irene.
RT: ¿Cuáles son los argumentos de Apross para oponerse a las demandas que hace Irene a través de ustedes?
PG: Los argumentos son siempre de fórmula para las obras sociales. Siempre utilizan los mismos y siempre son desechados por el tribunal. Dicen que las prestaciones solicitadas no están en el nomenclador, pero la jurisprudencia dice que los derechos de las personas con discapacidad no quedan atados a un nomenclador, sino que el nomenclador es un piso. Los precios del nomenclador son irrisorios y las prestaciones son irrisorias. También suelen decir que se van a fundir si cubren eso, lo que también es mentira porque hay un sistema que está pensado para la solidaridad de las situaciones de salud y discapacidad. Tenemos una Constitución y un Estado de Derecho, que dicen que vamos a darle vida digna a las personas con discapacidad. A su vez, tenemos una convención específica de las personas con discapacidad. Los jueces terminan fallando a favor de Irene, pero el problema es la espera que implica su aplicación. Mientras tanto, hay una prestación incumplida y una silla de ruedas no entregada. En relación al Ministerio, que tiene que cubrir la parte de integración e inclusión educativa de Irene, aluden que no tienen por qué subsidiarlo, pese a que hay una sentencia que dice que ante la falta de la cobertura de Apross, el Ministerio de Desarrollo va a cumplir la manda para que deje de depender de su madre y pueda desarrollar un proyecto de vida autónoma.
RT: Hay una dinámica siniestra en la cual ya se conocen de antemano los procesos dilatorios que se van a dar. ¿Qué estrategia se puede generar para ponerle un palo en la rueda a esa situación y de qué manera se puede presionar para que esto se encamine en otros tiempos, acorde a las necesidades de Irene?
PG: Pensando en la justicia, existen personas dentro de esa máquina que generan cambios significativos, como el juez de primera instancia que el año pasado largó una sentencia con lenguaje sencillo que se dirigía a Irene y daba cuenta de una obligación de desburocratizar su situación, pidiéndole a Apross que se dedique una persona exclusivamente a esta situación, porque Irene sufre un desgaste administrativo mes tras mes. En el marco de pensar un modelo de justicia y discapacidad, hay posibilidades de generar cambios más protectorios en lo procesal. Apross y el Ministerio tienen derecho a apelar, pero entreguen la silla de ruedas. Irene está en una situación de vulneración y desventaja. Y por fuera del ámbito judicial, destaco la unión de colectivos de personas con discapacidad que atraviesan dificultades y piensan estrategias colectivas como la presentación de amparos, como lo ha hecho Marta Lastra con el PAMI.
Finalmente, Gastaldi exhortó a la comunidad a comprometerse con los reclamos del sector de la discapacidad: «No nos podemos quedar hablando de discapacidad las personas con discapacidad, los profesionales, las familias. Tiene que ser prioritario en la agenda pública porque el estado de situación es calamitoso. El caso de Irene es emblemático porque Irene puede, es artista, poeta, tiene una energía vital, pudo hacer mucho movimiento para politizar su situación y su vida; pero es absolutamente desgastante que eso pese sobre su biografía y la de su madre y su hermana«.
