La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le envió una nota al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la que expone la «grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad» y solicita «una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables».
Advierte la misiva que muchas de estas instituciones «se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad».
En estas instituciones, afirma la Conferencia Episcopal, «se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria» y cita como ejemplo lo que ocurre en los Cottolengos Don Orione, «donde la continuidad del cuidado de 1.200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato«.
«Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal. Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente,
riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios«, alerta con preocupación el mensaje e incluso subraya que «en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana».
Ante esta «angustiante situación», pide la Iglesia que se cumpla la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.
«Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria. El respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad«, expresa la nota cursada al ministro Lugones.
En virtud de ello, suplican que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. «La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables».
La misiva es firmada por el presidente, los vicepresidentes 1° y 2° y el secretario general de la Comisión Ejecutiva de la CEA: Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.
