Este miércoles 19 de octubre, integrantes de la la organización «Micelio», que nuclea a personas con discapacidad, familias y prestadores unidos de Alta Gracia, se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para compartir un relevamiento sobre las principales problemáticas que atraviesan al colectivo de discapacidad local.
Verónica Antúnez, directora de Fundación Espacios, entrevistada en la Radio Tortuga 92.9, precisó que la burocracia en la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la accesibilidad en el transporte son las problemáticas más apremiantes para el común de las familias.
Explicó Antúnez que tras las concurrida asamblea que se desarrolló el jueves 22 de septiembre en el Deportivo Norte, Micelio se abocó a la realización de una encuesta para relevar «las problemáticas concretas y reales que atraviesan al colectivo de la discapacidad».
«Fuimos recibidos en el Concejo Deliberante para compartir el resultado y quedamos a disposición para buscar soluciones concretas», indicó Antúnez, respecto de la visita al Poder Legislativo local. Remarcó que el testimonio que emana desde las mismas personas con discapacidades y sus familias evidencia que «muchas veces las leyes están, pero falla quien controle que eso se cumplan».
El estudio determinó que «hay dos grandes problemáticas que se presentan como verdaderas barreras» en Alta Gracia y la zona, explicó Antúnez, haciendo referencia a la burocracia en torno de la tramitación del CUD y la dificultad en la accesibilidad de transporte.
El impacto de las barreras
En lo que a la renovación del Certificado Único de Discapacidad respecta, Antúnez precisó que la problemática tiene que ver con que las instituciones reservan turnos de manera telefónica, sin contemplar alternativas con dispositivos accesibles e inclusivos, que consideren a la población hacia la cual va dirigido el trámite.
«Los papás lo viven con angustia y cansancio esta situación, porque para acceder a cada prestación hay muchos trámites. En muchos casos, hay familias que se están enfrentando por primera vez a un diagnóstico», detalló, subrayando que el CUD permite acceder a la ley de prestaciones básicas y si no funciona bien es una traba.
«En las instituciones lo vemos a diario a esto, porque hacemos de apoyo y acompañamos a las familias cuando les pasa esto y de esa manera lo vamos facilitando. Pero el problema es que en Alta Gracia hay muchas personas que no están en instituciones», apuntó.
También advirtió que hay familias que no tienen obras sociales ni están contenidas con programas estatales, y se encuentran sin respuesta al momento de requerir tratamientos en el ámbito público y quedan sin cobertura.
Hacia adelante, Antúnez dejó en claro que Micelio se puso a disposición del Estado Municipal para colaborar en lo que haga falta: «No queremos quedarnos en la queja; tenemos personas capacitadas e ideas para ejecutar».
Consultada sobre algunas propuestas que podrían instrumentarse, Antúnez sugirió que si el Hospital Regional Arturo Illia diseñase alguna plataforma para tramitar el turno del CUD de manera accesible, «podríamos instalarlo en las instituciones y ser sedes para que sea más accesible».
Antúnez concluyó que «la discapacidad es una problemática social y nadie sabe cuándo puede estar afectado por esta situación» y que, al tratarse de una problemática social, precisamente, «nos involucra a todos».
