El miércoles 27 de septiembre, prestadores, familias y personas con discapacidad se movilizaron en Córdoba frente a la sede de Apross para reclamar incumplimientos en el traslado de fondos. Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, María José Juri, de la Fundación Kamay, detalló que el panorama «es complicado» para el sector; aclaró que la problemática «no es nueva», aunque subrayó que es acrecentada por la crisis económica actual y la sostenida inflación.
Juri detalló el circuito a través del cual se abonan las prestaciones: «Las personas con discapacidad acuden a los diferentes servicios, sean centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación y prestaciones de inclusión escolar u otros tratamientos prolongados. Estos servicios están nomenclados y por ley hay un listado de sus costos. Al pago de estas prestaciones, el Estado se los reintegra a las obras sociales y las prepagas».
Explicó que en la práctica, ese nomenclador viene desfasado en las actualizaciones. «Lo que está estipulado que debemos cobrar es mucho menor que lo que debiera ser, por el costo de vida y la inflación. A esto se suma que hay pagos retenidos y que habitualmente cobramos entre 60 y 90 días después. Con más de un 100% de inflación anual, significa que ese dinero se desvaloriza», analizó.
Advirtió además que, más allá de lo estrictamente vinculado con la remuneración del personal, «este acumulado de desfasajes pone en riesgo las prestaciones, ya que las instituciones no podemos sostenernos si las prestaciones no están actualizadas y no hay dinero para pagar a las y los profesionales y sostener los gastos de las mismas instituciones».
En ese marco, indicó que el problema está centrado en tres puntos: el acumulado de inflación anual de los últimos diez años y los desfasajes con el incremento de los aranceles; las demoras de los pagos nacionales; y las demoras de Apross, con quien están cerrados los canales de diálogo y están más atrasados los pagos.
Respecto a la manera en que se puede visibilizar esta problemática y reclamar que se regularice la situación y acaben los incumplimientos, Juri manifestó que es complejo pensar en hacer paros de trabajadoras y trabajadores, ya que se afecta directamente a las personas con discapacidad. «La medida es efectiva en tanto y en cuanto se pueda involucrar a las personas con discapacidad, a sus familias, prestadores y prestadoras, transportistas«, señaló.
En ese marco, adelantó que tanto a nivel provincial como en Alta Gracia se está evaluando con los diferentes sectores afectados, qué medidas tomar para ser escuchados, «mientras se tiran la pelota la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y las obras sociales y no cobramos todavía prestaciones de junio».
Concluyó Juri, graficando el desfasaje mencionado entre lo que se cobra y lo que se debería cobrar, al mencionar: «Deberíamos incrementar un 100% nuestros honorarios». Y advirtió que «las familias están muy alarmadas, porque es una situación preocupante y hay una sensación de que no hay caras visibles a quiénes llevar el reclamo«.
Concluyó la profesional que paralelamente a las vulneraciones mencionadas, en tiempos electorales hay preocupación e incertidumbre respecto de ciertos discursos que generan dudas sobre qué podría ocurrir con los dispositivos que garantizan los derechos de las personas con discapacidad y los profesionales. «Hay que reflexionar a dónde estamos y dónde podemos llegar a estar», cerró.
