La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez, junto a sus pares de bancada de Unión por la Patria Pablo Carro, Mónica Macha y Natalia Zaracho, presentó un Proyecto de Resolución en el Congreso para condenar de forma “enérgica y absoluta” el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el simultáneo secuestro de un niño ocurrido en la Ciudad de Córdoba. El proyecto no solo busca el repudio legislativo, sino que insta directamente al Gobierno Nacional y a los poderes Judicial y Ejecutivo a emitir una condena pública y a profundizar la investigación sobre el caso, especialmente en lo relativo a la posible complicidad logística en la fuga del perpetrador, Pablo Laurta.
Los fundamentos del proyecto de resolución explican por qué el crimen trasciende la violencia doméstica y plantean que el doble femicidio no debe ser analizado como un hecho aislado, sino como la culminación de un patrón de control coercitivo extremo que fue elevado a un acto de terror con justificación ideológica.
Respecto al agresor, Pablo Laurta, señalan que era un militante activo de la organización “Varones Unidos” (VU), un grupo que postula que las leyes de género en Argentina son un ataque sistemático contra los hombres, encuadrando la defensa legal de las mujeres dentro de la tesis conspirativa del “marxismo cultural” y la “ideología de género”. Aseguran que esta militancia proporcionó al agresor el marco conceptual para despersonalizar a sus víctimas, viéndolas ya no como individuos, sino como agentes de un sistema enemigo en una supuesta “Guerra Cultural”; y que al enmarcar el conflicto familiar como una batalla ideológica, la organización y su entorno discursivo facilitaron la licencia moral para que Laurta interpretara el femicidio y el secuestro como una «reacción política» legítima ante la pérdida de su control patriarcal.
Advierten en ese sentido que el peligro de esta ideología se amplifica por su penetración en el discurso político nacional a través de referentes y figuras de La Libertad Avanza (LLA), como Agustín Laje y Nicolás Márquez, promotores centrales de la tesis del “marxismo cultural”, que ganaron una influencia significativa en la narrativa de LLA. Analizan que el concepto de “Guerra Cultural” utilizado por Laurta se asemeja directamente a la “Batalla Cultural” central en la retórica del oficialismo, la cual busca desmantelar la institucionalidad progresista, incluyendo el marco legal que protege a las mujeres. Esta coincidencia retórica entre el ámbito micropolítico del extremismo antigénero (VU) y el ámbito macropolítico (LLA) otorga validación y normalización al sustrato ideológico que alimenta a estos grupos radicalizados.
En síntesis, la iniciativa legislativa subraya que es imperativo que el Estado no solo condene el crimen, sino que también investigue la posible complicidad logística en la fuga de Laurta y reconozca la militancia antigénero como un factor de riesgo extremo, asegurando que la protección de las víctimas no sea socavada por el avance de discursos de odio que buscan legitimidad política.
Presentamos un proyecto para repudiar enérgicamente el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Exigimos que el Estado desde sus tres poderes reconozca la militancia antigénero como un factor de riesgo extremo. Los discursos de odio terminan inexorablemente en…
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 14, 2025
