Con concentraciones en la Plaza Solares de Alta Gracia, en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba y en la Plaza de los dos Congresos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros puntos del país, este jueves 10 de julio, entre la mañana y el mediodía, se llevará adelante una jornada federal por la Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento en el Congreso viene siendo resistido por el oficialismo y sus aliados, con maniobras de dilación en las reuniones de comisiones.
“Cámara de Senadores ¡La emergencia no puede esperar más”, expresa un comunicado que demanda una sanción “sin más dilaciones y sin modificaciones”.
La jornada contempla un paro y movilización del sector, para acompañar el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de Diputados y declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año, con el objetivo de garantizar derechos esenciales de las Personas con Discapacidad y la sostenibilidad del sistema de apoyos y prestaciones en salud, educación, protección social, pensiones no contributivas, empleo y accesibilidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
El proyecto en cuestión establecería las siguientes medidas concretas para garantizar la sostenibilidad del sector:
-Financiamiento adecuado y sostenible de pensiones no contributivas por discapacidad.
-Fortalecimiento y protección de prestadores con actualización de aranceles y compensación de emergencia.
-Compatibilidad de Pensiones con empleo hasta dos salarios mínimos para fomentar inclusión laboral.
-Acceso garantizado a atención médica y cobertura de salud integrales.
-Implementación de mecanismos de diálogo institucional con organizaciones de personas con discapacidad y prestadores.
-Promoción del modelo social de discapacidad y accesibilidad en todos los niveles.
-Declaración de interés público nacional de los servicios de apoyo a personas con discapacidad.
-Promueve el cumplimiento real del cupo laboral, con incentivos a las empresas que generen empleo inclusivo.
En ese marco, subrayan desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión que “la emergencia en discapacidad ya no es un concepto abstracto: es la realidad diaria de miles de familias, personas con discapacidad y trabajadores del sector”.
En ese marco, se convoca a las personas con discapacidad, familiares, prestadores, transportistas, cuidadores y docentes a sumarse activamente al paro y movilización el 10 de julio en defensa de esta ley, que “es una herramienta indispensable para garantizar derechos y la continuidad de las prestaciones”.
